El Gobierno nacional convocó al Ejecutivo porteño para discutir el traspaso de las 32 líneas de colectivos que tienen jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que podría generar una quita de 13.000 millones de pesos en subsidios para el Gobierno porteño.
La convocatoria fue realizada por el secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, al propio jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a su jefe de Gabinete, Felipe Miguel.
Giuliano remarcó que la Ciudad «debe recuperar su autonomía plena» para regular y controlar las líneas de colectivos «exclusivas de su territorio».
A través de una nota, el Ministerio de Transporte nacional convocó a Rodríguez Larreta y Miguel para «coordinar una reunión de trabajo para el análisis de las competencias en materia de regulación, fiscalización, recorridos, frecuencias y tarifas respecto de los servicios de transporte público de pasajeros por automotor que se realizan íntegramente en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de los equipos técnicos de ambas jurisdicciones».
De concretarse el traspaso, la medida abarcaría 32 líneas de colectivos que no cruzan la Avenida General Paz y que solo se mueven por las calles porteñas.
En cambio, aquellas empresas de transporte que trasladan pasajeros por la Ciudad y la provincia de Buenos Aires seguirán con el aporte del Tesoro Nacional.
En este contexto el Gobierno dejaría de subsidiar unos 13.000 millones de pesos que serían absorbidos por la gestión de Rodríguez Larreta.
Según informó el Ejecutivo nacional, esos recursos se sumarían al Fondo Compensador con el que se asiste al transporte automotor de pasajeros del resto del país.
El Gobierno argumentó que la quita de fondos para subsidiar el transporte porteño es un reclamo histórico de los gobernadores del resto del país.
Este nuevo potencial foco de conflicto se sumaría al que mantienen ambos distritos, luego de que Rodríguez Larreta iniciara un litigio en la Corte Suprema por una quita de los fondos que la Ciudad recibía por el traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña.
En septiembre de 2020, el presidente Alberto Fernández decidió recortar vía decreto el 1,18 por ciento de la coparticipación que recibía el distrito porteño, que pasó de tener 3,5 a 2,32 por ciento del total de fondos coparticipables.
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