Durante muchos años los habitantes de la villa Rodrigo Bueno debieron convivir con el fantasma de la erradicación y protegerse en la Justicia, que debió intervenir para garantizar las condiciones de salubridad. Del desalojo a la urbanizaciónpodría resumirse la historia del asentamiento surgido en los años ochenta que por estos días está atravesando un cambio importante y para siempre.
Se trata de la relocalización de las primeras 23 familias a los nuevos departamentos de los 46 edificios construidos al lado del macizo que creció en cantidad de habitantes luego de la crisis económica de 2001. Es parte del programa de relocalización a cargo del Instituto de la Vivienda (IVC) que se suma a los otros procesos ya iniciados en la villa 20, la 31, la 21-24 y, próximamente, en Fraga (Chacarita).
“La primera noche no pude dormir. Pensaba: ‘esto no puede ser posible’. Pero luego me daba cuenta que no era un sueño. Hasta lloré, por momentos, porque tener esta casa es más de lo que imaginaba”, suelta Lucía Beltrán mientras controla el guiso de lentejas que está preparando. Todavía tiene cajas, bolsas y muebles desparramados por el departamento con cuatro habitaciones que le asignaron. Se mudó hace apenas cuatro días.
“Vivíamos en la marginación total, cerca del río y con las consecuencias que eso tenía para la salud de mis hijos. Ahora me siento más fuerte que nunca para afrontar este compromiso de pagar el crédito para dejarle algo a mis hijos”, destaca la mujer que vivirá allí con Gino, Juan, Stefani, Axel y Bella Rubí, sus cinco hijos.
El departamento de Pablo Gamarra es más chico que el de Lucía, pero le sobra espacio para vivir con su esposa Elizabeth Napuri, que trabaja de lunes a viernes como empleada doméstica con cama adentro. “Teníamos una sola habitación para todo, dormir, cocinar, todo. El baño lo compartíamos con otra familia y hasta con su perro. Era muy molesto e insalubre”, dice Pablo, pintor de obra y exhabitante de la costa del río.
En esa zona vivía en una pieza alquilada. “Sacaba la cabeza por la ventana y estaba el río. Veía roedores, todo tipo de alimañas, mucha contaminación. No sufríamos la inundación porque estábamos en un tercer piso, pero la familia de abajo tenía el agua dentro de la casa siempre que había crecida”, sostiene.
Lucía, Pablo y otras 21 familias se mudaron hace pocos días. En las próximas semanas seguirá el movimiento de las familias hasta llegar a unas 230, las de mayor vulnerabilidad por ubicarse en una zona cercana al Río de la Plata y con peligro de inundación. En total serán 612 grupos familiares los que ocuparán las nuevas viviendas que irrumpieron a pocos metros de la reserva ecológica de Costanera Sur.
Allí, en marzo del año pasado sólo había un descampado y las primera máquinas utilizadas para emparejar el terreno donde hoy se encuentran los edificios. El plan de urbanización comenzó en 2016 cuando se anunció el proyecto y se censaron los habitantes del lugar.
Esos datos, los últimos oficiales, arrojaron que en el barrio de cuatro manzanas vivían 2665 personas de 996 familias y en 563 viviendas. El 93% de las familias no cuenta con acceso a la red pública de gas, ninguna de ellas tiene agua potable del circuito formal, el 38% desagota las cloacas en el río y la conexión a la electricidad es absolutamente informal.
Ubicado en la avenida España al 3200, entre el pulmón verde y la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, el barrio ocupa tierras de gran valor en el mercado. Según el sitio especializado Reporte Inmobiliario en esa zona el metro cuadrado se comercializa a casi 6000 dólares. Quizás por esta situación se generó tanta especulación por el destino del barrio.
La historia de la villa tuvo varios capítulos judiciales y protagonistas que se manifestaron hasta llegar al proyecto actual de urbanización. En el medio también hubo contradicciones que, al mirar hacia atrás, dejan mal parado al gobierno.
En 2005 se hablaba de la erradicación de la villa porque no favorecía la construcción de un nuevo barrio en la ex Ciudad Deportiva con una inversión de 500 millones de dólares. El plan era trazar ese conjunto habitacional con Puerto Madero.
“Formamos una unidad de trabajo con el Instituto de la Vivienda para solucionar este tema. No vamos a impulsar el desalojo violento de las tierras; no vamos a ir con topadoras. El barrio que se instaló allí se irá y el gobierno le devolverá el espacio a la Reserva Ecológica”, le aseguraba a LA NACION en enero de ese año el vicejefe de gobierno y secretario de Desarrollo Social de ese momento, Jorge Telerman. La posición era defendida por el ex jefe de gobierno, Aníbal Ibarra.
Tiempo después, en noviembre de 2006, se anunció por segunda vez la erradicación de Rodrigo Bueno que debía ser ejecutada por el Ministerio de Espacio Público. “La erradicación comenzará este mes con la gente que no tiene chicos en el colegio y en diciembre y en enero se la hará con la totalidad de los habitantes”, soltó Lía María en la Legislatura, en su rol de titular del Ministerio.
Alertados por la situación los vecinos interpusieron un recurso de amparo solicitando la nulidad de un decreto sancionado con el objetivo de desocupar la zona. Fue la primera excursión en la justicia. Más tarde, en 2011, la jueza Elena Liberatori, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4 les dio la razón al planteo formulado por los vecinos. Liberatori le ordenó al Gobierno que presente un plan de integración social y urbana y que provea al barrio de servicios públicos; además declaró la nulidad del decreto.
“Realmente es un disparate. En este caso es una zona donde no hay infraestructura adecuada para que la gente viva. Estamos convalidando una toma; la gente ha usurpado un lugar”, sostenía el por entonces jefe de gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta. “Vamos a apelar el fallo. Es muy a la ligera convalidar a gente que tomó un lugar hace unos años y ahora hay que darle la propiedad de la tierra”, agregaba.
La sentencia de Liberatoria quedó sin efecto en 2014 tras un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario que dictaminó que la urbanización en el territorio de la reserva ecológica era inviable. El tema llegó al Tribunal Superior de Justicia donde esperó una definición que nunca llegó hasta que en 2016 el IVC anunció la intervención en el barrio.
La urbanización contempla la construcción de nuevas viviendas en terrenos linderos al asentamiento que están siendo entregadas a las familias de acuerdo a una selección de acuerdo a sus necesidades y las de la obra. Cada propietario recibió un crédito otorgado por el IVC y el Banco Ciudad y deberá pagar una cuota que no podrá superar el 20% de sus ingresos.
Las viviendas desocupadas serán demolidas para facilitar el esponjamiento, es decir, la apertura de calles, senderos y pulmones de manzana. Las casas que permanecerán en el macizo tendrán una puesta en valor.
Los 612 departamentos de los 46 edificios cuentan con agua corriente, electricidad, cloacas y desagües pluviales. También tienen calefones solares para reducir el consumo de energía. Se generarán nuevos espacios públicos y un playón gastronómico para potenciar los emprendimientos de los vecinos.
FUENTE: Mauricio Giambartolomei – www.lanacion.com.ar
