Cuando se desata un conflicto armado, los bienes y sitios históricos y culturales que se encuentran en el territorio entran en peligro, amenazando no sólo su existencia como valores sino la herencia y la memoria cultural de la nación.
En casos como la actual guerra entre la Federación Rusa y Ucrania, que tienen un fuerte componente identitario, se entiende que el patrimonio cultural corre un riesgo particularmente alto. Se trata justamente de lugares u objetos (como museos, templos o monumentos) que reafirman la identidad nacional y están inscriptos en la vida cotidiana con un valor simbólico invaluable, por lo que su destrucción resulta especialmente dañina.
Durante la Segunda Guerra Mundial la pérdida de Patrimonio fue masiva e irrecuperable, por lo que años más tarde se incorporó al derecho internacional normativa específica destinada a evitar este tipo de daños. Se trata de la Convención para la protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, conocido normalmente como Convención de La Haya de 1954. Este tratado establece que la destrucción de bienes culturales, museos, sitios históricos e instituciones educativas constituye un crimen de guerra. El protocolo vigente fue aprobado en 1999 con 133 Estados firmantes (entre ellos, la Federación Rusa y Ucrania) y define el alcance de las sanciones penales a los Estados o personas que incumplieran el protocolo original.
Se define como “violaciones graves” al saqueo, la vandalización, el uso con fines militares y la destrucción intencional con ataques dirigidos especialmente a bienes culturales. Otras violaciones al tratado son su destrucción no intencional y la exportación o desplazamiento.
Según una nota publicada en elDiario.es, “Ucrania tiene censados más de 140.000 objetos de patrimonio cultural y 132.000 monumentos históricos y arqueológicos.” Muchos de ellos se encuentran bajo amenaza. De hecho, para este primero de marzo por la tarde, ya habían sido destruidos el Museo Histórico-Cultural de Ivankiv, a pocos kilómetros de la capital, y un memorial a las víctimas del Holocausto que fue afectado por el bombardeo a un centro de telecomunicaciones. Tras este atentado el presidente Zelensky acusó a Rusia de querer destruir su historia. Existen también dos sitios de Patrimonio Mundial que se encuentran directamente amenazados.
Uno de ellos es el Centro Histórico de Lviv, incorporado a la lista de patrimonio de la humanidad en el año 1998. Esta ciudad fue construida durante el S. XIII y conserva su estructura medieval prácticamente intacta. Su zona de amortiguación -un área que debe cuidarse para garantizar la conservación de los bienes y sitios- es de casi 2500 hectáreas, y desde el primer día de la ofensiva rusa viene siendo sede de combates.
El otro es la Catedral de Santa Sofía de Kiev y su complejo monástico, construido en el S. XI como símbolo de la “Nueva Constantinopla” y de vital importancia para la Iglesia cristiana ortodoxa. Según se ha informado, la Iglesia greco-católica fue alertada ayer sobre un posible ataque aéreo a este templo.
Ucrania cuenta en total con siete sitios y bienes inscriptos en la Lista de Patrimonio Mundial, contando además de los bienes culturales el patrimonio natural y bienes transfronterizos.
¿Qué es el Patrimonio Mundial?
En su Conferencia General realizada en París en el año 1972, la UNESCO concluyó que existen determinados sitios y bienes que tienen un “valor universal excepcional” para toda la humanidad, independientemente de su ubicación o de la cultura a la que están en principio asociados. Sin embargo, se entiende que en algunos casos las naciones o Estados no tienen interés o incluso tienen intereses contrapuestos respecto a este patrimonio. Por eso, para asegurar su correcta conservación se creó el Comité de Patrimonio Mundial y se firmó la Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial, cultural y natural.
En este documento, tal como su nombre lo indica, se sientan las bases para la protección del Patrimonio Mundial, que está conformado tanto por bienes culturales e históricos (obras artísticas y arquitectónicas, archivos, sitios arqueológicos, entre otros), como naturales (accidentes geográficos, ecosistemas particulares) y mixtos (que responden total o parcialmente a ambas categorías). Pero además, los Estados Partes y adherentes se comprometen a cooperar activamente en la protección de los bienes y sitios patrimoniales, adquiriendo algunos derechos – como la posibilidad de solicitar asistencia a otros Estados en determinadas circunstancias – pero sobre todo responsabilidades. Para cualquier país miembro, poseer en su territorio cualquier pieza de valor universal puede ser problemático, sobre todo en situaciones como la actual: implica destinar recursos económicos y humanos a su protección cuando existen otras demandas que resultan de mayor urgencia por los motivos obvios – cuando hay vidas en peligro – y que, muy probablemente, requieren la desviación de fondos.
Sin embargo, figurar en esa lista también ofrece ciertas garantías.
Por un lado, existe una responsabilidad ajena. Un Estado de los 193 que actualmente han ratificado la Convención de Patrimonio Mundial no sólo tiene prohibido atentar contra la integridad de cualquiera de estos bienes y sitios (y contra cualquier bien cultural, según la Convención de La Haya de 1954) sino que tiene la responsabilidad de protegerlo también. Esto implica que los edificios no pueden ser utilizados con fines militares como movilizar tropas por el área comprendida o alojar armas, ya que “obliga a no tomar deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño, directa o indirectamente, al patrimonio cultural y natural”. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contempladas en esta Convención puede ser sancionado.
Por otro lado, como se señalaba anteriormente, un Estado que ve amenazada la conservación de los bienes de Patrimonio Mundial que se encuentran en su territorio y no puede afrontar su protección puede solicitar asistencia a los demás Estados adherentes. La UNESCO cuenta con programas de cooperación internacional y con protocolos de acción para diversas situaciones, que consisten en transferencia de fondos, recursos humanos, asistencia técnica, capacitación y herramientas jurídicas. Los demás Estados Partes también tienen la posibilidad de intervenir en territorio extranjero para la protección de bienes en peligro, respetando plenamente la soberanía y los derechos reales contemplados en la legislación nacional, siempre y cuando se lo solicite.
Resulta llamativo que a una semana de iniciada la invasión por parte de la Federación Rusa los sitios de Patrimonio Mundial ubicados en territorio ucraniano aún no hayan sido catalogados como bienes en peligro. La Convención de Patrimonio Mundial contempla en su artículo 11 la posibilidad de agregar de manera urgente cualquier bien a la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro si así lo considerase el Comité de la UNESCO. Esto es algo más complejo para los bienes culturales que pertenecen únicamente a Ucrania, ya que el Protocolo de 1999 para la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado es algo más complejo, que requiere al Estado que ve amenazado su Patrimonio solicitar formalmente el cambio de estatus para recibir apoyo extranjero y cumplir determinadas condiciones (como, por ejemplo, suficiente lejanía de instalaciones militares).
En los últimos días, tanto la UNESCO como el ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) han emitido comunicados alertando sobre el peligro que supone para los bienes culturales el despliegue de fuerzas militares y recordando a los países involucrados que son adherentes a estas convenciones y sus protocolos. De todas formas, no ha sido dada aún una respuesta concreta que pueda implicar algún tipo de asistencia para la protección de los bienes que se encuentran actualmente bajo amenaza.
FUENTE: Paula Franco Häntzsch – www.infobae.com
