A cinco meses de su aprobación por parte de la Legislatura y a cuatro de su promulgación por el Poder Ejecutivo, la ley santafesina de mecenazgo del sector privado en la promoción de proyectos culturales a cambio de una deducción impositiva continúa en su etapa de reglamentación. “Se está trabajando en eso”, dijo a Rosario/12 Paulo Ricci, secretario de Gestión Cultural de Santa Fe, para quien “el objetivo es que sea una ley lo más operativa posible, que no cree en una serie de trabas burocráticas”. El funcionario afirmó que la participación del capital privado “no es una forma de reemplazar el rol del Estado” y deslizó una crítica hacia el Gobierno nacional, al señalar que con la norma se busca “el complemento con el sector privado de una manera ordenada y que lo estimule” porque “siempre es un complemento importantísimo, más en estos tiempos en donde desde la centralidad del Estado nacional parece que todo lo que tiene adelante la palabra cultura es desdeñado y llevado para atrás”.
La llamada ley de mecenazgo cultural, que abre la puerta a la participación privada en la promoción de proyectos culturales y también patrimoniales, por medio de la deducción del impuesto a los Ingresos Brutos a las empresas o fundaciones que quieran participar, fue aprobada por la Legislatura el 28 de noviembre del año pasado. El último día de diciembre de 2024, el Poder Ejecutivo la promulgó bajo el número 14.365 con las firmas del gobernador, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Gobierno, Fabián Bastía.
Con 38 artículos, la norma crea el Régimen de Promoción Cultural de la provincia de Santa Fe, “destinado a estimular e incentivar la participación privada en el financiamiento de proyectos culturales, como así también de la salvaguarda y preservación del patrimonio cultural”, según se lee en su artículo primero. El segundo define qué se entiende por promoción cultural y amplía el objeto de la participación privada “a la salvaguarda y preservación del patrimonio cultural”, todo “a cambio de un beneficio fiscal” en el impuesto a los Ingresos Brutos.
En la redacción de la reglamentación no sólo participa el Ministerio de Cultura, sino también el de Economía, por el aspecto fiscal que incluye la ley. Según explicó Ricci, los equipos de ambas carteras comenzaron a trabajar desde principio de años con funcionarios del área de Ingresos Públicos del ministerio que conduce Pablo Olivares. “Se está trabajando en eso y se tuvieron varias reuniones con referentes de otras provincias que tienen ya reglamentada la ley hace bastante años y que la han implementado, como el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos”, quienes brindaron su experiencia “en particular en cuanto a su cuestión procedimental y de funcionamiento”.
El secretario de Gestión Cultural del ministerio que conduce Susana Rueda explicó que “los aspectos a reglamentar tienen que ver con cómo va a ser el tipo de presentación de los proyectos, los procedimientos de evaluación en términos formales, en términos administrativos, quiénes están en condiciones de presentar proyectos y quiénes están también como empresas o fundaciones del sector privado en condiciones de hacer aportes económicos con destino a proyectos culturales”.
Además, la reglamentación persigue por fin determinar con precisión “las bases y reglamentos, con el objetivo de que sea una ley lo más operativa posible, que no se cree en una serie de trabas burocráticas” que ralenticen el asunto.
En diálogo con Rosario/12, el funcionario señaló que “otro punto importante que estamos trabajando en la reglamentación es el rol y el funcionamiento del Consejo Asesor”, que según establece la ley en su artículo 7º estará integrado por 9 miembros. Un presidente designado por el gobernador, dos por el ministerio de Cultura e igual cantidad por el de Economía; dos representantes de la Legislatura de las comisiones de Cultura y otras dos de las Facultades de Humanidades y Artes de las Universidades nacionales con sede en la provincia”.
La idea, explicó Ricci, es que “uno de los puntos que interesa resguardar es que esa amplitud que tiene el Consejo Asesor no se convierta en un problema a la hora de hacerlo operativo, porque es un Consejo Asesor ad honorem, entonces queremos que sea lo más práctico y operativo. Resolutivo, esa es la palabra”.
La experiencia de otros distritos, entre ellos Caba, que implementó la ley de mecenazgo hace 15 años, muestra que “si bien fue difícil hacerla funcionar al comienzo y tuvo su resistencia”, explicó Ricci, luego “con el tiempo” brindó sus frutos.
El secretario aseguró que los aportes de capital privado “lejos de ser una forma de reemplazar el rol del Estado” es un modo de complementarlo. Y aclaró: “En Santa Fe estamos absolutamente convencidos de que tiene que seguir siendo el apoyo a la cultura y la garantía de la cultura pública, de una cultura pública de calidad y eso contempla todas las instancias de fomentos para la cultura que el Estado tiene que garantizar”.
De todos modos, no lo ve contradictorio con “promover también el complemento con el sector privado de una manera ordenada y a través de una norma que lo regule y que lo estimule” porque, remarcó, “siempre es un complemento importantísimo”.
Ricci señaló: “La norma en sí es muy importante, sobre todo en este contexto en el que estamos, es una ley de fomento a la cultura en la provincia de Santa Fe que, aunque parezca mentira, no tiene y no tuvo en los últimos años”.
En cuanto al “contexto”, el funcionario abundó: “En el contexto en el que estamos también a nivel país, la posibilidad de generar una articulación entre el sector privado y el sector público, más que nada el sector privado y el sector autogestivo o independiente, intermediado por el Estado, me parece que es una buena noticia”.
Además, deslizó una crítica a la Casa Rosada, al afirmar que la participación privada en el universo cultural es “un complemento importantísimo, más en estos tiempos en donde desde la centralidad del Estado nacional parece que todo lo que tiene adelante la palabra cultura es desdeñado y llevado para atrás”.
Por último, Ricci afirmó: “La normativa que estamos reglamentando tiene mucho futuro y tiene una particularidad, y es que también contempla el patrimonio, la puesta de valor, la mejora y la existencia de proyectos patrimoniales, cosa que en otras provincias no existe y acá nos parece muy importante”.
FUENTE: Luciano Couso – www.pagina12.com.ar
