La municipalidad platense avanza hacia una actualización del catálogo de bienes patrimoniales de la ciudad que, fundada por Dardo Rocha hace 140 años, posee como principales atributos el diseño de su traza y su arquitectura. La tarea supone poner en blanco sobre negro el deterioro operado en las edificaciones de la trama urbana consideradas parte de un acervo tangible a proteger por una norma concebida en 2006.
El relevamiento se inició esta semana y quedó en manos de un centenar de estudiantes avanzados de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), gracias a la firma de un convenio de colaboración que permitirá a los alumnos realizar mediante esta tarea sus prácticas preprofesionales.
El panorama no parece alentador. Sin datos oficiales, con medidas que promovieron una fuerte renovación inmobiliaria y sin una política de preservación que exhiba resultados ostensibles desde hace décadas, apenas queda la estimación de grupos patrimonialistas cuyo cálculo genera inquietud: “Si consideramos lo demolido total o parcialmente, dejando apenas la fachada, y la destrucción de los entornos de obras patrimoniales que también deben preservarse, creo que llegamos a un 40% de lo protegido por el decreto de 2006″, sostiene la arquitecta Celia Sovinsky, miembro de Defendamos La Plata, un colectivo con larga trayectoria en la lucha por la revalorización de la ciudad y sus bienes históricos e identitarios.
Es bueno recordar que, a poco de su nacimiento, la capital de la provincia de Buenos Aires fue distinguida como “ciudad del futuro” en la Exposición Universal de París en 1889. Entonces se destacó su traza geométrica, en la que sus espacios públicos y palacios fueron minuciosamente distribuidos en una planicie hasta entonces solo cubierta por pastizales. Le siguió, en pocas décadas, la materialización de una urbe moderna e higienista donde se erigió una diversidad de grandes edificios públicos, palacios y viviendas particulares que concentraron y combinaron expresiones clásicas, eclécticas y vanguardistas. Sin embargo, pueden contarse con los dedos de la mano los inmuebles fundacionales que han sobrevivido.
Entre los muchos ejemplos que pueden dar cuenta del proceso de pérdida del patrimonio, se encuentran la alteración de los contextos en la residencia de los vicegobernadores, situada en 10 y 51, o de la Casa Curuchet. También puede citarse, entre las demoliciones emblemáticas, el frontis del viejo Bazar X, en 50 entre 5 y 6; una de las casas normandas gemelas, en la intersección de 62 y 16, o la llamada Casa Rosa, en 7 entre 62 y 63, tirada abajo durante la pandemia. La instalación de un edificio torre sobre la capilla Betharram, en 53 entre 10 y 11, es otra disrupción cuestionada.
El origen de la protección
En 1978, luego de que unos meses antes las autoridades provinciales propiciaran –contra la opinión de expertos y los ruegos de la ciudadanía– la demolición del icónico edificio original del Teatro Argentino, la municipalidad decidió definir un “área urbana” en la que estaba prohibido demoler casas antiguas. Sin embargo, demoró cuatro años en dar vida mediante otra ordenanza (la 5338/82) a una Comisión de Preservación del Patrimonio Monumental, Arquitectónico y Urbanístico, órgano que oficiaría de autoridad de aplicación para autorizar demoliciones, ampliaciones, cambios de uso o refacciones en edificios cuya data original de construcción fuera anterior a 1930 en la zona delimitada e incluso amplió el universo de bienes a preservar incorporando aquellos que, “a juicio de la Dirección de Obras Particulares, se consideren de valor arquitectónico o conformantes de un entorno particular”, se indicó.
Ya en democracia la preocupación de las autoridades se centró en los edificios que pertenecían al Estado municipal gobernado por Juan Carlos Albertí. Así, la ordenanza 6485/86 declaró de interés patrimonial una docena de edificios públicos entre los que estaban el Palacio Municipal, el Pasaje Dardo Rocha, el teatro Coliseo Podestá, las viejas casillas de madera del zoológico y el Parque Saavedra, así como el conjunto de obras de la República de los Niños.
A mediados de la década del 90, bajo la intendencia de Julio César Alak –hoy ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia– se alentó la idea de que La Plata era una “ciudad inconclusa” y era preciso terminar algunas grandes obras como el nuevo Teatro Argentino o las torres de la Catedral. Así se pergeñó el Plan de Rejerarquización de la Ciudad Capital de la provincia de Buenos Aires, que colocó por primera vez al tema patrimonial en la agenda política y alimentó la aspiración de que La Plata fuera considerada por la Unesco como patrimonio cultural de la humanidad, iniciativa promovida, entre otros, por el arquitecto Rubén Pesci, creador el Centro de Estudios y Proyectos del Ambiente (CEPA). La candidatura naufragó, principalmente, debido a la fuerte alteración tanto de la arquitectura como del paisaje que el casco urbano sufrió fruto de una notable desatención.
Para intentar ir por la revancha y mejorar la postulación fue ideado el catálogo de bienes patrimoniales, un instrumento elaborado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, que compiló datos que fueron refrendados por el decreto 1579 en 2006. El trabajo se había iniciado en 2001, bajo la conducción de los arquitectos Fernando Gandolfi y Eduardo Gentile, e identificó inicialmente 32.000 viviendas. Pero la comuna dispuso acotar esa lista y confeccionar un inventario final que se redujo a poco más de 1800 propiedades, tarea que quedó en manos del arquitecto experto en conservacionismo Alfredo Conti. Se trataba de edificios localizados en el casco urbano, a los que se les asignó una “protección integral” o “contextual” que aplica a edificios cuyo “valor reconocido es el de constituir la referencia formal y cultural del área, justificar y dar sentido al conjunto. Protege la imagen característica del área previniendo actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología”, según la ordenanza que rige el Código de Ordenamiento Urbano Territorial (COUT).
“El catálogo de 2006 tiene un punto de vista sesgado a lo arquitectónico y algunas omisiones. Por ejemplo, se excluyeron muchas de las casas racionalistas y la mayoría de las llamadas joyas de autor”, sostiene la arquitecta patrimonialista Marcela Nacarate, quien enumera algunos de los casos que quedaron afuera de la nómina y se encuentran en peligro o ya fueron derrumbadas: la casa de Juan Chaumeil, tres veces intendente de La Plata; la vivienda de 59 entre 11 y 12 en la que murió Cipriano Reyes, líder del Partido Laborista y protagonista principal de los episodios del 17 de octubre (fue catalogada por error la propiedad lindera); la finca de Ataúlfo Pérez Aznar, que contiene una de las mayores bibliotecas privadas del continente; la propiedad que habitó el prestigioso cirujano René Favaloro; o casas como las de los arquitectos Julio Barrios y Francisco Belvedere.
La confección del inventario de bienes a resguardar de La Plata fue una acción pionera en el país: la ciudad de Buenos Aires lo tuvo recién en 2009 y luego le siguieron los catálogos de Rosario, Mendoza y Córdoba. Sin embargo, la comuna platense tiene pendiente el siguiente paso: instrumentar un plan de protección con acciones concretas, efectivas y de largo plazo. Se dejó caer todo el peso sobre los propietarios, ya que la única acción vinculada con la protección del patrimonio privado es un descuento en las tasas municipales. Pero se trata de una medida de oficio, por lo que es necesario realizar el trámite para hacer valer el beneficio, se quejan desde la Red de Casas Antiguas, Patrimoniales y con Historia de La Plata, un grupo conformado en octubre último que nuclea los propietarios de las casas.
La gran sangría
Cuando las posibilidades de La Plata de ser distinguida a nivel internacional cayeron, muchos propietarios pidieron que sus casas fueran retiradas del catalogo ya que solo les ocasionaba perjuicios, especialmente la notable desvalorización del inmueble sujeto a las restricciones que implica su preservación. En su momento se estimó que fueron más de 300 casas las que fueron desafectadas. Pero, en la medida que el tema cayó en el olvido, los pedidos de exclusión crecieron.
En 2010, el gobierno del intendente Pablo Bruera consiguió la aprobación de la ordenanza 10.703, que renovó el Código de Ordenamiento Urbano intensificando los indicadores para la construcción y la ocupación del suelo lo cual, sumado a una coyuntura favorable, activó el mercado inmobiliario y llevó la actividad de la construcción a niveles extraordinarios.
Defendamos La Plata, junto a otras organizaciones de vecinos, acudieron a la Justicia para intentar frenar las demoliciones. El caso llegó a la Suprema Corte bonaerense, que exigió en varias oportunidades la convalidación de la ordenanza del nuevo código y la presentación de un nuevo listado de bienes patrimoniales, algo hasta ahora incumplido por la comuna.
A fines de 2011 la organización estadounidense World Monuments Fund (WMF), dedicada a apoyar proyectos para preservar la cultura arquitectónica, consideró a La Plata entre otras 250 postulantes como primera ciudad en riesgo del mundo y la declaró bajo observación a pedido de la organización SOS La Plata.
Durante la campaña electoral para acceder a la intendencia, el actual jefe comunal Julio Garro firmó un compromiso público de cuidar y preservar el patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad. Sin embargo, luego de asumir, tuvo otras prioridades y la cuestión patrimonial quedó postergada hasta ahora, cuando parece decidido a reactivar el tema.
La actualización del catálogo
Desde la gestión de Garro se inició un proceso que culminaría con la presentación ante el Concejo Deliberante de la versión actualizada del catálogo patrimonial de la ciudad concebido en 2006 y una nueva normativa que reordene la construcción en el distrito, en la que los funcionarios municipales vienen trabajando desde hace un tiempo.
“Vamos a iniciar una etapa de trabajo para llegar a una propuesta sobre el tema patrimonial, buscando la participación de los colegios profesionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil”, explicó María Botta, secretaria de Planeamiento Urbano de La Plata quien, en diálogo con LA NACION, reconoció que hay mucho por hacer además de considerar que una de las medidas importantes debe ser la actualización del catálogo. “Eso es muy importante en la preservación de nuestro patrimonio. En las principales ciudades del mundo se realiza con frecuencia y el convenio firmado con la facultad es vital para avanzar en este sentido”, afirmó.
Para la actualización del catálogo, tras la firma del convenio correspondiente, esta semana 126 estudiantes avanzados comenzaron a trabajar en el nuevo inventario en el contexto de un programa de prácticas preprofesionales.
“El diseño del relevamiento corre por cuenta de la municipalidad”, aclaró el decano de Arquitectura, Gustavo Páez, quien reconoció desconocer el estado de situación patrimonial de la ciudad, si bien la unidad académica que dirige tiene fuertes antecedentes en la materia. “Ninguna definición creo que deba hacerse en forma lineal”, dijo.
Días atrás, en declaraciones a la prensa local el arquitecto y exdecano de Arquitectura Fernando Gandolfi sostuvo que, si bien “gran parte del casco fundacional fue modificado, aún quedan partes que no sufrieron grandes cambios, tal el caso de Meridiano V o la zona que va desde la Catedral hasta la plaza Malvinas”.
El especialista recalcó que el mayor “quiebre” se produjo con la sanción de la ley de propiedad horizontal y apuntó que, a su criterio, quedó relegado el resto del patrimonio arquitectónico que no tiene que ver solo con la infraestructura edilicia, sino con el paisaje, como pasa en el sector de la Plaza Moreno con los edificios que se fueron construyendo a su alrededor.
Desde la comuna, entre tanto, se indicó que “como parte del relevamiento, se podrán actualizar aquellos bienes que no hayan sido catalogados por motivos diversos, incorporar bienes localizados por fuera del trazado urbano original que sean dignos de ser preservados y conocer el estado edilicio actual de las propiedades con grado de protección contextual”.
Según se estimó desde la municipalidad, se espera que para principios de 2023 se pueda contar con el relevamiento terminado para avanzar en la reforma al COUT con la consecuente modificación de indicadores y otras propuestas que surjan de la consulta con distintos actores de la sociedad civil.
En 2016 una de las casas ya incluidas en el catálogo platense fue declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco. Se trata de la Casa Curuchet, construida por el arquitecto Le Corbusier, donde actualmente funciona la sede del Colegio de Arquitectos. Para los patrimonialistas, el avance de proyectos constructivos en sus alrededores ha destruido el entorno de la vivienda, que debía preservarse.
Precisamente, Sovinsky considera que uno de los temas acuciantes hoy es la destrucción de los entornos de los bienes a proteger, como ocurrió en el mencionado caso de la casa Curuchet, y el abuso de lo que se llama “fachadismo”, que consiste en tirar abajo toda la propiedad y solo conservar el frente. “Esto solo se hace para blanquear todo lo demolido. Nos preguntamos para qué hacer un nuevo catálogo si el anterior no fue respetado”, cerró la profesional.
“La importancia de rescatar el patrimonio tiene que ver con entender que La Plata es una ciudad única, por su trazado y el modo en el que surgió. Tenemos una ciudad pensada casi como un museo de la arquitectura del mundo, por la diversidad de estilos que concentra, y mucho de ello se ha perdido”, sumó Ezequiel Aldazábal, divulgador de la historia local y promotor del espacio “Al rescate del patrimonio”.
FUENTE: Pablo Morosi – www.lanacion.com.ar
