El Gobierno porteño lanzará una convocatoria a desarrolladores inmobiliarios e instituciones de todo tipo para que presenten convenios urbanísticos. La idea es que propongan financiar obras o servicios públicos, y a cambio podrían obtener mejores condiciones de edificación para sus proyectos privados.
La iniciativa surge de la Secretaría de Desarrollo Urbano porteña. La idea es que los privados puedan, por ejemplo, edificar más metros cuadrados, o cambiar la configuración de un determinado edificio, para lo cual necesitan una modificación de la normativa vigente. A cambio, se comprometen, por ejemplo, a ceder terrenos y financiar la construcción de una plaza, o a poner dinero para la compra de insumos necesarios para la lucha contra la pandemia.
En todos los casos, esos convenios deberán ser refrendados por la Legislatura porteña, en una votación de doble lectura con una audiencia pública obligatoria entre ambas sanciones.
En este sentido, el Gobierno porteño les dará prioridad a aquellos proyectos que traigan mejoras en tres sectores del sur de la Ciudad: el Casco Histórico; La Boca y Barracas, y la zona oeste de Constitución. Allí pretenden que se desarrollen tanto los emprendimientos públicos como los privados. Sin embargo, también puede darse que el privado quiera una mejora para un proyecto propio en otro barrio (por ejemplo Palermo o Puerto Madero), pero se comprometa a financiar la inversión pública en esas zonas prioritarias (Constitución o La Boca).
¿Por qué se priorizan esos barrios? “Son zonas donde la mixtura de usos viene más postergada y donde hacen falta más espacios verdes e infraestructura”, explicó Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano porteño.
La idea es que los proyectos se hagan en línea con los parámetros que establece el Código Urbanístico de la Ciudad. En algunos barrios, como Boedo o Almagro, se busca incentivar más la instalación de plazas, porque carecen de suficientes espacios verdes. Pero en otros puede ser que se priorice la construcción de viviendas, o la ampliación de un hospital o una escuela, porque es lo que ese barrio más necesita.
Los participantes pueden ser emprendedores privados, pero la convocatoria también alcanza a universidades, instituciones sociales y hasta al propio Gobierno nacional. Durante febrero se abrirá un plazo de consultas, y a partir del 1° de marzo y hasta el 30 de abril se podrán presentar los proyectos de manera online a través de la plataforma de “Trámites a Distancia” (TAD) del Gobierno porteño.
Ya hay varios antecedentes de este tipo de convenios urbanísticos. En 2018 la Ciudad inauguró la plaza “Manzana 66”, en Jujuy y Belgrano, un viejo reclamo de los vecinos de Balvanera. En ese espacio, un privado pretendía construir un microestadio para 10.000 personas, un proyecto rechazado por la gente del barrio. La solución fue un convenio por una permuta: en ese caso, el Gobierno porteño se quedó con ese terreno para hacer la plaza, a cambio de darle a la empresa un terreno fiscal de valor similar en Saavedra.
Pero los ejemplos aún más claros de esta mecánica de convenios fueron tres y se dieron el año pasado. La Legislatura aprobó tres convenios urbanísticos. En el primer caso, una constructora que tenía dos manzanas en Las Cañitas propuso ceder una para la construcción de una plaza a cambio de que le permitieran sumar todos los m2 edificables en el otro lote. Así, la Ciudad tendrá un espacio verde en la manzana de Clay, Báez, Dorrego y Huergo.
El segundo convenio fue con la empresa propietaria de un lote en Fitz Roy y Vera, en Villa Crespo. A cambio de algunas modificaciones en la capacidad constructiva, se comprometieron a pagar 250.000 dólares para la instalación de una plaza en un espacio libre junto al viaducto del ferrocarril San Martín, que pasa a pocos metros. También pagarán un millón de dólares que se destinarán a la emergencia sanitaria por el coronavirus.
El tercer convenio urbanístico (que tiene una primera sanción y se terminaría de aprobar en marzo), es el que propuso la firma “Fideicomiso Inmobiliario Puerto Madero Plusx”, que tiene una parcela para edificar en Juana Manso 350, en el Dique 4 de Puerto Madero.
Allí, los empresarios pidieron edificar más metros cuadrados. A cambio, compensarán a la Ciudad con 2,5 millones de dólares, que se destinarán a dos usos. Por un lado, la lucha contra el Covid. Pero la mayor parte del dinero se utilizará en la instalación de una plaza en memoria de las víctimas del atentado a la AMIA. Ese espacio verde se hará en una franja triangular de terreno entre el Parque de la Memoria y la Reserva Natural Costanera Norte. La particularidad es que esa tierra fue ganada al Río de la Plata con los escombros del edificio atacado en 1994.
FUENTE: Pablo Novillo – www.clarin.com
