Los primeros pasos de los representantes de Uber en Argentina se dieron a fines de 2015, cuando comenzaron las reuniones con funcionarios del Gobierno porteño. Aunque ese vínculo no llegó a buen puerto, la aplicación de transporte colaborativo se activó a las cuatro de la tarde del 12 de abril de 2016. Días antes se había puesto en marcha una app para convocar a conductores: se inscribieron 15 mil candidatos en las primeras 24 horas. A dos años de aquel estreno, el choque con los taxistas –avalados por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta- es cada vez más fuerte, con escraches y amenazas incluidos. Y mientras la batalla se sigue lidiando en el plano judicial, el polémico fenómeno llamado Uber no para de crecer: ya cuenta con 2,2 millones de usuarios inscriptos en más de 25 ciudades del país.
Sus detractores remarcan que, desde que nació, Uber operó por fuera de la ley. La compañía no constituyó ninguna sociedad acorde a la Ley de Sociedades N° 19.550 ante la Inspección General de Justicia, por lo que no tiene CUIT ni domicilio comercial. Sus conductores no tienen habilitación profesional y el seguro de sus autos es para uso particular.
Las distintas agrupaciones de taxistas pusieron el grito en el cielo apenas el servicio comenzó a circular en Argentina. Desde aquellos inicios en 2016 organizaron cerca de una treintena de marchas y concentraciones en el centro porteño, exigiendo la intervención gubernamental y el freno judicial.
Los expedientes se acumulan y crecen desde 2016. Según un relevamiento realizado por I-Judicial, hay causas impulsadas por el Sindicato de Peones de Taxis de Capital, así como por el Sindicato de Conductores, además de denuncias por parte de socios-conductores particulares y de la Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur. En todos estos casos el frente demandado es el Gobierno de la Ciudad.
En tanto, en enero de este año la justicia porteña habilitó la feria judicial para ratificar una medida cautelar de 2016 en la que había ordenado al gobierno de Larreta la suspensión de toda actividad de Uber en su jurisdicción, incluidos los “conductores/socios” de la empresa de transporte por aplicación. Más tarde,en febrero de este año la Justicia porteña resolvió el bloqueo a nivel nacional del dominiowww.uber.com, que afecta al sitio web y la aplicación móvil de la empresa. Sin embargo, por la imposibilidad técnica de efectivizar esa disposición, los servicios siguen funcionando. Además, el año pasado la Justicia bloqueó el uso de tarjetas de crédito para pagar los viajes.
Esta semana, la justicia porteña ordenó a los operadores móviles bloquear el servicio de Uber. La respuesta no tardó en llegar, y no sólo de la empresa. La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) y la GSMA emitieron un comunicado conjunto solicitando que quede sin efecto el fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que obliga a los operadores móviles de Argentina a bloquear el acceso a los servicios provistos por la empresa de transporte en el país. En su planteo cuestionaron que esta resolución “tiene potenciales efectos nocivos sobre la integridad y seguridad de la red y de ningún modo constituye una solución al problema de fondo” que atraviesan los pasajeros de la Ciudad de Buenos Aires cada vez que desean trasladarse.
“Además de ser una actividad ilícita, Uber no acata lo que estableció la Justicia Contencioso Administrativo Tributaria de la Ciudad al disponer a principios de 2016 una medida cautelar para suspender cualquier actividad realizada por Uber y sus conductores. Esta medida cautelar continúa vigente pero siguen operando”, dijo por su parte una fuente de la Secretaría de Transporte de la Ciudad al diario cooperativo Tiempo Argentino, dejando en claro la posición del gobierno. El propio Larreta fue tajante: “No podemos permitir la ilegalidad, no podemos permitir Uber”.
Lo cierto es que en algunos fueros, como la Justicia Nacional en lo Criminal, se declaró su actividad como lícita. Uber se aferró a esa resolución para defender su legalidad. “No hay ninguna sentencia firme que diga lo contrario”, sostuvo la empresa. “Un juez dijo ‘es un entuerto comercial, no es ilícito’. Pero que sea lícito no significa que sea legal. Puede ser lícito e ilegal, como es este caso. Porque no cumple con la ley de Transporte de la Ciudad (Ley 2148). En este caso es lícito porque no corresponde un castigo penal en lo que es la contravención, pero se reconoce una actividad ilícita de evasión fiscal. A eso sí le corresponde un castigo penal y por eso están siendo imputados los directivos. Y la Justicia es lenta pero llega; hay pruebas de sobra porque hicieron allanamientos. Va a haber directivos con las esposas puestas pronto”, pronosticó Marcelo Boeri, de Asociación Civil Taxistas Unidos, en diálogo con Nueva Ciudad.
Desde esa entidad anticiparon, además, una presentación ante la AFIP por evasión. “La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) estimó una evasión de un millón y medio de pesos de abril a diciembre de 2016, solo respondiendo a pagos electrónicos. El pago en efectivo no entró en el registro. Si la Ciudad de Buenos Aires demuestra que hay una actividad que evade, implica que también evade IVA e Impuesto a las Ganancias. Por eso la AFIP debería haber intervenido y no lo hizo, obligando a que la intimemos judicialmente. Van a tener un lapso de 30 días para presentar un informe”, señaló Boeri.
Mientras el asunto se dirime en distintos fueron judiciales, de acuerdo a datos de la Secretaría de Transporte de la Ciudad hasta el 20 de mayo último de los 9854 controles al transporte ilegal que hubo en el año, 867 autos correspondían a Uber. Es decir que en el primer trimestre de este año se secuestraron seis autos de Uber por día, con una multa fijada de $130.000.
Así y todo, su crecimiento parece imparable. Voceros de Uber calcularon en unos 32.000 la cantidad de choferes que utilizaron la aplicación desde que empezó a operar, en 2016. Según consignó el diario La Nación, en el último mes se coordinaron alrededor de medio millón de viajes sólo en el área metropolitana.
FUENTE: nueva-ciudad.com.ar
