¿Qué tienen en común un comerciante de 60 años de Rosario que está en silla de ruedas, porque tuvo un accidente de auto; una docente de 50, que es vecina de la localidad de San Martín y ciega de nacimiento; una beba con síndrome de Down, que vive con su familia en San Isidro, y un varón de 30 años, artesano, hipoacúsico y radicado en Formosa? Un rasgo, quizá sólo eso, pero determinante: son personas con discapacidad y viven en Argentina. Desde 1994, el año del nacimiento de Tercer Sector, muchas cosas cambiaron en un buen sentido para ese colectivo, muchas otras siguen pendientes y algunas se han agravado. A continuación, directivos de organizaciones sociales y especialistas vinculados a la temática mapean los movimientos registrados en estos últimos 25 años respecto de ese 12 por ciento de la población del país.
Un cambio social
Si hay algo en lo que parece haber consenso es en una transformación incipiente pero notoria sobre cómo la sociedad habla del tema de la discapacidad. “Hay más visibilidad de personas con síndrome de Down, más oportunidades laborales y más inclusión escolar”, considera Marcelo Varela, presidente de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) y padre de Franco, de 17 años.
Por su parte, Javier Llioy, presidente de La Usina, dice: “Hay más visibilidad y concientización, esto de que la persona con discapacidad no es una víctima pero tampoco un héroe, es una persona”. ¿Qué dice al respecto el economista Marcelo Betti, presidente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad? “Hay que admitir que en los últimos 25 años se vienen registrando algunos avances. Hay una mayor percepción de la discapacidad como una construcción social, ya que antes sólo se la pensaba desde el diagnóstico médico”, dice este profesional, que es ciego.
La discapacidad puede verse, entonces, como el resultado de un déficit que tiene la persona, pero que se agrava por las barreras de todo tipo que la rodean: económicas, judiciales, físicas, educativas y culturales. Silvia Coriat, integrante de la Fundación Rumbos, advierte que “casi todos los logros fueron resultado de arduos procesos y de luchas muy firmes” por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil y recuerda conquistas logradas en la Ciudad de Buenos Aires, como la sistematización de las rampas en las esquinas porteñas, dispuesta en 1997, o la sanción de la Ley de Accesibilidad Física para Todos, en 2002.
En el deporte hay ejemplos de ese mayor reconocimiento, como la fama de la selección argentina de fútbol para ciegos, conocida como Los Murciélagos, o la de Gustavo Fernández, reciente ganador del torneo de Wimbledon en tenis adaptado.
La ley y el orden
Las normas, por sí solas, no suelen modificar la realidad, pero son un comienzo. En ese sentido, los hitos que todas las fuentes señalan son la firma y la ratificación por parte de Argentina, en el año 2008, de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que además desde 2014 cuenta con jerarquía constitucional.
“Que Argentina haya ratificado la Convención es un gran avance”, señala la abogada Varina Suleiman, especialista en discapacidad. Dentro del plano de las leyes, ella agrega como otros progresos “la Ley de Salud Mental (2010), que propone la institucionalización de la persona como último recurso, y la reforma del Código Civil y Comercial (2015), que introduce la figura de la persona de apoyo para la persona con discapacidad”. Claro que reconoce que esos instrumentos “no dejan de ser leyes, marcan el deber ser, no lo que es”. En ese sentido, Armando Miranda, vicepresidente de la Asociación de Sordomudos de Chaco, cuenta: “A pesar de que tenemos una Convención con rango constitucional, no se respeta, por lo cual no se puede considerar que haya avances”.
El paraguas legislativo también abarca problemáticas puntuales. Así, Teresa Hospital, presidenta de la Asociación Argentina de Fibrosis Quística, recuerda que “en 1994 se incluyó, por ley, la detección de la enfermedad en el rastreo neonatal”, que busca enfrentar una patología discapacitante por los problemas pancreáticos y respiratorios que genera.
¿Oportunidades para todos?
Si el desempleo es un problema que en Argentina se ha agudizado los últimos años (la tasa de desocupados a junio de 2019 es la más alta desde 2006, y afecta a un 10,1 por ciento de la población económicamente activa), la situación impacta de manera más directa a las personas con discapacidad: se estima que el 70 por ciento no tiene trabajo. Distintas organizaciones intentan desde hace años lograr una mayor inserción laboral de este colectivo.
Por otro lado, existen los talleres protegidos, organizaciones que nuclean a personas con discapacidad que producen bienes y servicios. Por ejemplo, hay instituciones de ese tipo en donde se realizan tareas de embolsado y etiquetado y otras en donde se produce pan. También se registran iniciativas como un programa de Asdra, que logró que más de 200 personas con síndrome de Down consiguieran empleo bajo distintas modalidades.
Sin embargo, la difusión de casos de quienes acceden a un trabajo puede generar la idea de que es igual de difícil de obtenerlo para una persona con discapacidad que para una que no la tiene. “En ocasiones esos relatos funcionan para generar que alguien diga: ¿de qué te quejás vos, si esta persona puede hacer todo eso?”, dice Martín Passini, miembro de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba.
En donde queda un largo camino por recorrer es en cuanto al cupo laboral reservado para personas con discapacidad en el Poder Ejecutivo Nacional y en las empresas prestadoras de servicios públicos. Según la legislación vigente, tiene que ser del 4 por ciento del total de la plantilla, pero de acuerdo con los datos de 2015, sólo llega a un 0,88 por ciento.
Paliativos
El sacerdote católico Pablo Molero, referente del Foro Pro, asegura: “En el tema pensiones hay un retroceso. Macri (Mauricio), a través de un discurso de inclusión laboral, con la idea de que las personas con discapacidad tienen que trabajar, crea la idea de que son unos vagos que quieren vivir del Estado. Esa es una de las peores cosas que ha hecho este gobierno, ha desvalorizado a las personas con discapacidad”. Por su parte, Passini considera: “Se ha corrido el alambrado. Antes criticábamos el sistema de pensiones, aun reconociendo su necesidad, pidiendo que no fueran incompatibles con tener trabajo registrado. Ahora la lucha es en defensa de lo que antes criticábamos por ser un paliativo”.
En tanto, Marcelo Morales, presidente de la Asociación Ayuda al No Vidente de la ciudad rionegrina de General Roca, ejemplifica: “En el caso rionegrino, las pensiones andan por el orden de los 10 mil pesos, pero acá es más caro todo, no alcanza”. Marcelo está por dar la reválida de su título de Psicología Social y estudia Derecho en la Universidad Nacional del Comahue. “Estoy en plena búsqueda laboral, pero está muy difícil”, reconoce.
Clases abiertas
Desde hace pocos años comenzó a hablarse de educación inclusiva. Si bien es un camino sembrado de dificultades de todo tipo, el tema aparece con mayor visibilidad que hace un cuarto de siglo. Celeste Fernández, coordinadora del área de Discapacidad y Derechos Humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), afirma: “En educación inclusiva falta mucho, pero las familias, con la Convención que firmó Argentina, tienen más herramientas para luchar”.
Esa línea comparte Gabriela Santuccione, coordinadora del espacio Artículo 24, que nuclea a distintas entidades que luchan por una educación inclusiva. “Desde los últimos cinco años a esta parte, hay mucho más conocimiento por parte de las familias de los derechos que tienen”, reconoce. Gabriela, que es madre de Juan Manuel, de 21 años, dice: “Cuando él estaba en la primaria no se hablaba tanto de este tema”.
Con avances y retrocesos, con mejoras más plasmadas en leyes y en la percepción social que en políticas concretas por parte del Estado y de las empresas, día a día las personas con discapacidad hacen esfuerzos por superar los distintos obstáculos colocados a su paso. En ese sentido, como dice la presidenta de la Red de Asistencia Legal y Social (Rals), Elizabeth Aimar: “No será un camino fácil, nunca lo fue, por lo que en lo inmediato e inclusive mediato veremos pequeños cambios. En este campo, los cambios se realizan a través de generaciones, por ello la demora”. ¿Qué pasará en el mientras tanto con las más de cinco millones de personas que viven en el país y que llevan en sus espaldas (o en sus ojos, piernas, oídos o cerebro) una condición especial?
FUENTE: Alejandro Cánepa – tercersector.org.ar
