El Gobierno porteño busca disciplinar a las organizaciones vecinales que alzan su voz contra la predación ambiental y la especulación inmobiliaria en la ciudad. Hace diez años, la organización Basta de Demoler (BdD) interpuso un amparo judicial para que la estación de subte Plaza Francia, que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta quería construir bajo la Plaza Alvear, finalmente se instalara en el playón ubicado junto a la Facultad de Derecho, donde hoy funciona la estación cabecera de la Línea H. El espacio verde quedó a salvo, pero la organización no: el gobierno de la ciudad demandó a BdD por una cifra millonaria por el cambio de planes al que fue obligado por la acción judicial. “Esta demanda constituye un ataque a la democracia porque busca amedrentar y silenciar la acción de los ciudadanos”, advirtieron desde la asociación.
El GCBA ya había demandado a la organización por ese amparo en el año 2014. Sin embargo, el juicio estuvo parado desde entonces y en las últimas semanas el Ejecutivo retomó la demanda al solicitar la reapertura del proceso judicial, según informaron desde BdD. El argumento principal del GCBA es que la acción de amparo de 2012 estuvo motivada por “cuestiones políticas con la sola intencionalidad de obstruir la gestión de gobierno y las obras en la Plaza Intendente Alvear”. La demanda busca que los denunciados abonen 24 millones de pesos y, además de BdD, incluye a Santiago Pusso y Sonia Berjman, dos ciudadanos que impulsaron particularmente el amparo.
“Esta demanda es insólita por la gravedad de sus implicancias: no conocemos precedentes de un ataque semejante de un Gobierno contra una ONG cuyo objetivo es el bien común y el bienestar de los habitantes”, alertaron ahora desde la organización, que en los últimos años se consolidó como una de las referentes de la protección patrimonial porteña, en particular sobre edificios, parques y monumentos históricos de la Ciudad.
Desde BdD agregaron que la demanda “es inconstitucional porque como ciudadanos estamos legitimados a interponer recursos de amparo en defensa del medio ambiente y el patrimonio natural y cultural”. “Esta demanda constituye además un ataque a la democracia, porque busca amedrentar y silenciar la acción de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil que hacen uso de herramientas consagradas por la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad: el derecho al reclamo y el acceso a la Justicia”, añadieron.
El litigio original comenzó luego de que en febrero de 2012 el GCBA empezara los trabajos de excavación de la Plaza Intendente Alvear. Debajo de la plaza, Subterráneos de Buenos Aires S.E (SBASE) buscaba instalar la estación Plaza Francia para cumplir el rol que hoy cumple la llamada Facultad de Derecho. “Los fundamentos presentados por los amparistas se basaron en que la Plaza Alvear está declarada Área de Protección Histórica N° 14 – Ámbito Recoleta, que prohíbe la extracción de árboles y especies vegetales y la modificación del diseño, caminos y senderos”, recordaron ahora desde BdD
“También se argumentó que la Ley 317, que establecía la traza de la Línea H, determinaba su ubicación ‘en Plaza Francia, en inmediaciones de Av. Del Libertador y la Facultad de Derecho’, es decir, en frente de la ubicación donde comenzaron las obras a cargo de SBASE”, agregaron. Aquella acción de amparo recibió un primer visto bueno por parte del juez Guillermo Scheibler, que dictó una medida precautelar y ordenó frenar las obras. La medida fue confirmada después por el juez Hugo Zuleta.
Con la obra paralizada, en el año 2014 la Legislatura aprobó la Ley 5233, modificatoria de la traza de la Línea H. Allí se fijó la nueva ubicación para la estación en las cercanías de la facultad, donde funciona actualmente la cabecera de la línea, a solo una cuadra de la Plaza Alvear. La ley también establecía que la traza debía continuar hasta Retiro, algo que aún no se cumplió.
“Gracias al amparo la plaza hoy está restaurada y accesible a todos los ciudadanos, y la estación fue relocalizada debajo del playón lindero a la facultad, donde atiende a las necesidades de acceso diario de 25 mil alumnos y de quienes concurren al Centro de Convenciones de la ciudad”, aseguraron ahora desde BdD. “El GCBA insiste en su intención de amedrentar a todo ciudadano que recurra a la Justicia para evitar decisiones abusivas que atenten contra el patrimonio arquitectónico o histórico de nuestra ciudad”, concluyeron.
FUENTE: Santiago Brunetto – www.pagina12.com.ar
