La historia sobre el predio que el gobierno porteño le cedió en comodato, por 40 años, al Club Atlético Atlanta, en el que se instalará el microestadio cubierto más grande del país, “Buenos Aires Arena”, viene de larga data.
Como relató Revista Qué en su edición #129, arrastra un fin de irregularidades políticas y económicas relacionadas con las maneras en las que se gestó el proyecto, y en cómo se modificaron algunas normas para que la construcción de un microestadio sea viable sin consultar a los vecinos.
Los habitantes de Villa Crespo (comuna 15) no se quedaron de brazos cruzados cuando vislumbraron que tamaña obra modificará de manera radical la fisonomía del barrio y su estilo de vida, además de violar la ley de leyes de porteña.
Las irregularidades en torno a su impacto ambiental quedaron al descubierto en marzo, cuando el juez Ammirato hizo lugar al amparo presentado por la Fundación Ciudad, obligando a la empresa a presentar un nuevo informe de impacto ambiental y prohibiendo la explotación comercial e inauguración del megaestadio hasta que lo haga. Pero aún con la inhabilitación de la justicia, la empresa comenzó a vender entradas para diversos shows a partir de noviembre, lo cual es una señal inequívoca de que dan por descontada la aprobación del nuevo estudio de impacto ambiental por parte del Gobierno”.
Esta vez se llevó a cabo la audiencia pública realizada por orden judicial para evaluar el impacto que tendrá el Microestadio de Atlanta.
“¿Quién necesita este megaestadio? ¿La empresa que va a ganar millones y está exenta de pagar el ABL durante 40 años?, seguro que sí. ¿La dirigencia del club Atlanta que dice enorgullecerse de su labor social pero que no duda en destruir el barrio para salvar su pellejo?, también. Los únicos que no necesitamos el estadio somos los vecinos”. Así planteó su rechazo Leila, integrante de Vecinos Autoconvocados, quien expuso en la audiencia pública.
“No necesitamos una empresa que como acaban de reconocer contrata plazas en garajes del barrio para cubrir la falta de estacionamiento propio, desplazando los ya escasos espacios con que contamos los vecinos. No necesitamos calles valladas que nos impidan entrar y salir con libertad de nuestras casas. No necesitamos una multitud deambulando antes y después de los recitales. No necesitamos bares de todo tipo que van a aparecer”, continuó, según consignó Página 12.
La sala teatral Espacio Aguirre, donde se realizó la audiencia, permaneció vallada y con fuerte custodia policial. Gustavo Perrone, uno de los 65 expositores e integrante de Vecinos Autoconvocados de Villa Crespo contra el Megaestadio Arena, dijo minutos antes de ingresar que “no imaginamos que iba a haber un despliegue policial en una audiencia convocada para que los vecinos podamos expresar nuestras opiniones”. “Reclamamos que se disminuya el tiempo de concesión de 40 a 20 años, y que se realicen sólo espectáculos deportivos, como era el espíritu de la ley original”, agregó. Por ahora, no es lo que planea la empresa que desarrolla el proyecto: ya tiene contratados a Sabina, Chayanne y Calamaro, los tres con conciertos ya anunciados… en un estadio sin habilitación.
Las primeras tres intervenciones estuvieron a cargo de representantes de la empresa. El gerente de relaciones institucionales, Dussan David Kipperband, enfatizó que la filosofía de la empresa es “establecer en Villa Crespo el primer centro de entretenimiento internacional integrado al barrio y respetuoso del medio ambiente”. Después, dos especialistas mostraron filminas con estudios hechos por la empresa sobre el impacto vehicular y sonoro.
Cuando fue el turno de los vecinos, una de las quejas fue que el proyecto fue sistemáticamente ocultado a los habitantes del barrio. “Se les escondió a los vecinos las características del estadio, no se les brindó información y cada cosa la tuvieron que pelear palmo a palmo, sacársela a regañadientes a las autoridades y a la empresa”, contó uno de los expositores. Alertó además sobre el peligro de gentrificación y advirtió que “si como arquitecto presento en la Ciudad un proyecto donde no tengo plaza de estacionamiento no puedo avanzar, acá se ha aprobado un estadio cuando están todavía discutiendo dónde van a poner los autos”.
La audiencia pública llegó luego de que el juez Aurelio Ammirato suspendiera en marzo último la explotación económica del emprendimiento, y ordenara un nuevo estudio de impacto ambiental tras hacer lugar al amparo presentado por la Fundación Ciudad.
FUENTE: revistaque.com
