Una propuesta de elaboración colectiva busca lograr el objetivo contrario al que pretende la firma IRSA para la Costanera Sur. En lugar de un mega emprendimiento inmobiliario, apunta a crear una nueva reserva ecológica sobre las 70 hectáreas que fueron para la Ex Ciudad Deportiva de Boca. Esas tierras hoy están en disputa, ante el afán inmobiliario del Gobierno de la Ciudad y la empresa IRSA, que intenta erigir allí el complejo Costa Urbana.
Organizaciones ambientales, políticas y sociales presentaron un proyecto en la Legislatura porteña para “declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación” esa parcela costera. Entre las organizaciones que impulsan la iniciativa están el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires (CLIC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), la Defensoría de los Laburantes y la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) de Capital.
“El proyecto, presentado por más de 200 espacios colectivos y con el apoyo de más de 2.000 firmas, propone destinar este predio a una nueva reserva ecológica. Esto le aportaría un importante pulmón verde a Buenos Aires, una de las ciudades con menos superficie verde por habitante en el mundo”, dijo a la agencia estatal Télam María Eva Koutsovitis, coordinadora de CLIC.
Las organizaciones sostienen que la parcela del Grupo IRSA, en la Costanera Sur, se ve afectada por el artículo 1974 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que “el dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de quince metros de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad”.
El predio en cuestión se encuentra al sur de la Reserva Ecológica existente, al lado del barrio popular Rodrigo Bueno y frente a la urbanización Puerto Madero. Por eso, en el proyecto también citaron dos artículos de la Constitución porteña: el 8, que dispone que los “espacios que forman parte del contorno ribereño son públicos y de libre acceso y circulación”, y el 27, que establece la “protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras, y garantiza su uso común”, por su importancia para el cuidado del medio ambiente.
En base a estas y otras normas, las organizaciones pidieron que se declare la “nulidad de todo convenio urbanístico que habilite la construcción privada sobre la parcela y la destrucción del actual humedal”.
FUENTE: www.nueva-ciudad.com.ar
