La Justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que complete el catálogo de edificios construidos antes del año 1942 para evaluar su protección patrimonial. El listado ya estaba previsto por ley pero nunca se terminó de concretar y las organizaciones que trabajan en defensa del patrimonio histórico advierten que esa demora es una de las principales causas del proceso de demoliciones de edificios de valor histórico que vienen denunciando en los últimos años. Además, la Justicia determinó que, hasta que no complete el catálogo, el GCBA no podrá autorizar demoliciones de esos inmuebles a menos que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) lo habilite particularmente.
“Completar el catálogo definitivo con el relevamiento de la totalidad de los inmuebles de propiedad pública o privada emplazados dentro del territorio de la ciudad, cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941”, ordenó al Gobierno porteño el juez de primera instancia Aurelio Luis Ammirato, titular del Juzgado N°10 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad. El fallo responde a una acción de amparo presentada por cuatro organizaciones porteñas: el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), Basta de Demoler (BdD), SOS Caballito y la Fundación Ciudad.
En el fallo, el juez establece que, una vez completado el catálogo, el CAAP deberá culminar “la evaluación del valor patrimonial de tales inmuebles”. Para los edificios que el Consejo considere que tienen que ser protegidos, entonces, se deberá “implementar la protección adecuada y oportuna”. Además, el magistrado estableció una serie de pasos que el GCBA tendrá que cumplir ante la Justicia para certificar el avance de lo determinado en el fallo, proporcionando la lista de “inmuebles evaluados a partir del dictado de esta sentencia, inmuebles a cuyo respecto haya sido propuesta la catalogación e inmuebles catalogados definitivamente”.
El principal fundamento de los amparistas, y del juez que les dio la razón, se basa en el incumplimiento de lo establecido por la Ley 3056 del año 2009. Aquella norma modificaba el procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP), creado por otra ley de 2007, y establecía que el PEPP debía incluir a los edificios públicos o privados construidos antes del 31 de diciembre de 1941. Para ello el GCBA debía instrumentar el relevamiento de esos inmuebles para que el CAAP evalúe si debían ser protegidos o no.
Desde entonces, sin embargo, sólo se realizó un relevamiento mediante un acuerdo con la Facultad de Arquitectura de la UBA, que encontró un universo de alrededor de 141 mil edificios previos a 1942. De ellos el CAAP seleccionó 18.195 inmuebles –cerca del 13 por ciento del total–, pero los proyectos de ley para fijar su protección no fueron tratados en la Legislatura, según denuncia BdD. “Además, la falta de criterio del CAAP y la flexibilización de la protección legal por parte de la Dirección General de Interpretación Urbana (DGIUR) está diluyendo las políticas de protección y gestión del patrimonio arquitectónico porteño como la Ley 3056”, advirtieron ahora. Así, las organizaciones denuncian que la mayoría de los edificios en cuestión quedan en un “limbo legal” en el que sus destinos terminan siendo decididos de forma particular y no catalogada.
“El GCBA posterga finalizar la evaluación de estos inmuebles porque prefiere ir realizando evaluaciones a medida en las que se van solicitando los permisos de demolición y con procedimientos poco transparentes sujetos a los intereses inmobiliarios”, sostuvo en este sentido Jonatan Baldiviezo, abogado del ODC. “La desestimación del valor patrimonial de un inmueble no se realiza a través de un acto administrativo y, por lo tanto, no se publica en el Boletín Oficial. La ciudadanía se entera cuando la demolición se encuentra en marcha y ya es casi imposible cuestionar administrativamente o en la Justicia la valoración negativa realizada por el GCBA”, agregó.
En su fallo, Ammirato consideró que el hecho de que lo establecido por la normativa no se haya “completado en el plazo previsto” produjo un “riesgo cierto y concreto para el acervo histórico, arquitectónico y cultural”. “Es notorio que la labor no se halla concluida con respecto a los inmuebles cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941”, añadió el magistrado.
Por todo esto, el juez también tomó medidas precautorias para el plazo que transcurrirá hasta que el GCBA complete el catálogo. En este sentido ordenó al Ejecutivo “abstenerse de autorizar demoliciones, reformas, ampliaciones y/o nuevas construcciones, incluyendo el registro de planos” en relación al universo de edificios en cuestión. Sólo podrá haber excepciones “en aquellos casos en que el CAAP resuelva, o haya resuelto, de manera expresa e individualizada que el inmueble no reviste valor patrimonial”.
Desde BdD, en tanto, reclamaron que “conjuntamente al fallo judicial” se traten “los proyectos de ley con los inmuebles seleccionados por el CAAP para que finalmente queden protegidos con fuerza de ley”. También exigieron una auditoría al CAAP y a la DGIUR ya que, aseguraron, “a pesar de las irregularidades documentadas por los vecinos, ONG y los fallos de la Justicia, vemos con alarma la discrecionalidad y falta de transparencia con la que se está modificando la escala e identidad de Buenos Aires para siempre”.
FUENTE: www.pagina12.com.ar
