El proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Implementación de la Educación Ambiental en la República Argentina recibió media sanción, con de la Cámara de Diputados este sábado y fue girado al Senado.
La iniciativa, que contó con el apoyo del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, que se hizo presente en el recinto, recibió 215 votos afirmativos, 7 negativos y 18 abstenciones y un apoyo transversal de diversos bloques.
El proyecto de ley actual tiene como objetivo el establecimiento de presupuestos mínimos para la implementación de una política pública nacional en materia de educación ambiental basada en la Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA), cuyo propósito general es la promoción de la concienciación y responsabilidad ambiental en la ciudadanía de todo el territorio nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional y de acuerdo con lo establecido en el artículo 8° de la Ley General del Ambiente N° 25.675, el artículo 89 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y sus modificatorias y en los Tratados y Acuerdos Internacionales en la materia.
Al abrir el debate sobre la iniciativa, la titular de la comisión de Educación, la diputada del Frente de Todos, Blanca Osuna, explicó que “esta es una Ley de Educación Ambiental Integral que marca un avance importante, estamos hablando de procesos y mecanismos transversales en la formulación de programas nacionales para el cuidado del ambiente”.
A su turno, su compañera de bancada, la rionegrina Ayelén Spósito, indicó que la norma busca “lograr conciencia ambiental. Lograr este gran paso, nos va a convertir en una sociedad más saludable. Buscamos y vamos a empezar a convivir en un ambiente sano, digno. Respetando las diversidades culturales”.
Por su parte, la diputada del PRO, Gisela Scaglia, expresó que “esta ley busca que el conocimiento sobre el ambiente y la gestión ambiental se desarrollen tanto en la sociedad civil como en el Estado. Estamos obligados a reconocer que somos responsables frente al ambiente”.
En tanto, el legislador de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, puntualizó que la norma “nos va a permitir construir nuevos saberes, poner en jaque los viejos paradigmas con los nuevos, en favor de una sociedad más ecológica, justa y equitativa que verdaderamente cuide y proteja nuestros bienes comunes”.
La diputada de Consenso Federal, Graciela Camaño, eligió centrarse en el cambio climático y señaló la incoherencia de tratar esta ley y dejar de lado otros proyectos importantes: “el compromiso ambiental debe ser tomado como un problema prioritario, no podemos hacer que nos interesa el tema y tener frenada la ley de Humedales o la ley de Biocombustibles, es bochornoso”.
El diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, se desmarcó del proyecto y planteó que “las fuerzas políticas que votan esta ley son las mismas que dañan el medio ambiente, promoviendo la extracción como la megaminería. En una ley de educación ambiental hay que explicar quiénes son los responsables”.
Al momento de los cierres, el titular de la comisión de Ambiente, Leonardo Grosso, celebró el debate y dijo que esta ley “se construyó en el tiempo, enriquecimos el proyecto y hoy estamos avanzando en la media sanción que todos y todas llamamos como una de las deudas de nuestra democracia”.
En tanto, la legisladora del Frente de Todos, Daniela Vilar, destacó que “Es una ley absolutamente completa e integral, con perspectiva federal y participativa, trabajada de manera regional. No hay dudas de que lo ambiental es clave no solo por los desafíos de la preservación si no por la historia de nuestros pueblos”.
La iniciativa entiende a la educación ambiental como un proceso permanente, apoyado en una serie de objetivos, principios y fundamentos básicos.
– Abordaje interpretativo y holístico. La educación ambiental debe ser pensada desde un enfoque que permita comprender la interdependencia de todos los elementos que conforman e interactúan en el ambiente, de modo de llegar a un pensamiento crítico y resolutivo en el manejo de temáticas y de problemáticas ambientales, el uso sostenible de los bienes y servicios ambientales, la prevención de la contaminación y la gestión integral de residuos.
– Respeto y valor de la biodiversidad. Reconocer la fragilidad que amenaza la sostenibilidad y perdurabilidad de los ecosistemas. Su importancia no es solo biológica, sino que también tiene relación estrecha con la calidad de vida que pretendemos los humanos y las comunidades en las que vivimos.
– Principio de equidad. Propender a la igualdad, el respeto, la inclusión y la justicia, tanto entre humanos, como en sus relaciones con otros seres vivos. Esto parte de considerar las diferencias y diversidades de las personas, promoviendo la igualdad de derecho y trato jurídico, sin discriminación y fomentando la autonomía y la libertad.
– Principio de igualdad desde el enfoque de género. Es la piedra angular de los derechos humanos que debe orientar las políticas de Estado para eliminar la discriminación en las relaciones de género y garantizar el pleno goce de derechos para varones, mujeres y otras disidencias, respetando sus diversidades.
– Reconocimiento de la diversidad cultural, el rescate y la preservación de las culturas de los pueblos originarios. Integrar la diversidad cultural en las estrategias democráticas, al tiempo que fomentar el respeto hacia las personas que aprenden, su diversidad, costumbres, modelos de pensamiento, esquemas y patrones culturales.
– Participación y formación ciudadana. Apuntar al desarrollo de procesos educativos integrales que orienten a la construcción de una perspectiva ambiental, en la cual los distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas ambientales confluyan en una conciencia regional y local de las problemáticas, y permitan fomentar la participación ciudadana orientada a la acción y hacia un pensamiento global.
– Cuidado del patrimonio natural y cultural: Incluir la valoración de la identidad cultural y el patrimonio natural y cultural en todas sus formas.
– Problemática ambiental. Considerar el abordaje de las problemáticas ambientales, permitiendo integrar las interrelaciones de los factores económicos, políticos, culturales y sociales, además de las implicancias locales y globales que se presentan como causa o consecuencia, abordando el conflicto como una oportunidad de aprendizaje y construcción de nuevas lógicas en el hacer.
– Educación en valores. La educación ambiental debe estar fundada en una ética que permita. a quien facilita el aprendizaje y a quien lo recibe, la construcción de un pensamiento basado en valores tales como respeto, solidaridad, integridad, inclusión, equidad e igualdad.
– Pensamiento crítico e innovador. Promover la formación de personas capaces de interpretar la realidad a través de la innovación en sus enfoques, basados en la interdisciplinariedad y en la transdisciplinariedad y en la incorporación de nuevas técnicas, modelos y métodos que permitan cuestionar los modelos vigentes, generando alternativas posibles.
– Concientización sobre el derecho constitucional a un ambiente sano. La educación ambiental debe promover el desarrollo de una ética de la solidaridad con las generaciones futuras y el derecho de la sociedad a un ambiente sano para su desarrollo.
Sobre finales de octubre del 2020 el Poder Ejecutivo Nacional giró al Congreso de la Nación el mencionado proyecto, que tuvo dictamen favorable en noviembre del mismo año.
En aquel momento, el actual ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo: “Buscamos fomentar la concientización y responsabilidad ambiental de toda la ciudadanía. (…) Creemos que la educación ambiental debe convertirse en un componente fundamental de la formación ciudadana y la educación nacional”.
En tanto, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, sostuvo: “Con una mirada educativa y federal, queremos construir una ciudadanía crítica y con conciencia ambiental que nos va a garantizar una mejor calidad de vida y una armonía con el ambiente”.
FUENTE: www.ambito.com
