El Gobierno de la Ciudad impulsa la expansión del sistema de estacionamiento medido a 14 de las 15 comunas de la ciudad, o dicho de otro modo, en el 45% de las calles habrá que pagar para estacionar, ya que de 4.000 puestos de estacionamiento se propone pasar a nada menos que 86.768. Por si fuera poco, el valor de la hora será aumentado un 66%.
¿Qué objetivo persigue el Jefe de Gobierno con esta medida?
Vemos un objetivo declamado, el ordenamiento del espacio público y de la movilidad urbana, y uno que por más que quiera mantenerse oculto es evidente: aumentar la recaudación.
Está claro que la movilidad en nuestra ciudad debe ordenarse. Para ello las ciudades a las que nos gusta siempre parecernos llevan a cabo planes integrales que incluyen la multimodalidad en el transporte público, la construcción de playas subterráneas de estacionamiento de uso público, permiten nuevas construcciones sólo si los edificios ofrecen garaje para los propietarios y propone un servicio de transporte público de calidad. Y a aquellos residentes que no tienen otra opción que dejar su auto en la calle, les garantiza seguridad y gratuidad.
Una ciudad que quiere organizar la movilidad genera nuevos subcentros administrativos, fomenta la radicación de centros comerciales a cielo abierto, descentraliza centros culturales, y apoya el crecimiento de los clubes de barrio. Madrid, París o Barcelona, o por qué no Medellín o Curitiba, fomentan la vida asociativa y comunitaria que le da vida a los barrios y que vuelven innecesarios los grandes traslados hacia el centro, lo que les permite a los ciudadanos disponer de más tiempo para disfrutarlo como quiera.
¿Qué vemos aquí? ¿Hace falta que enumeremos los problemas a los que nos enfrentamos cotidianamente para movernos en nuestra ciudad? ¿Es necesario que aclaremos que la medida que impulsa el Gobierno de la Ciudad no se inserta en un plan de democratización del uso del espacio público ni en una estrategia de movilidad urbana o periurbana de gran calibre y escala?
Nada de esto dijo el Jefe de Gobierno en su discurso ante la Legislatura. Pareciera que el tema que genera por estos días más debate y revuelo en la Ciudad de Buenos Aires no merece un párrafo aclaratorio, un mensaje de tranquilidad, un llamado al diálogo. Un gobierno que no ha podido a lo largo de 12 años de gestión resolver el problema de los trapitos parece ahora convertirse a sí mismo en un Gran Trapito y cobrarnos por el uso de lo que es nuestro, el espacio público.
En 2011 comenzaron a funcionar en la Ciudad de Buenos Aires las Comunas, que fueron pensadas como espacios de gestión y participación ciudadana. Cada una de las 15 Juntas Comunales tiene el derecho y el deber de participar de las discusiones y de las decisiones que impactan sobre sus barrios. Sin embargo, el Jefe de Gobierno no debatió con ellas este tsunami de parquímetros que inundará la ciudad. Tampoco participaron los vecinos organizados en los Consejos Consultivos barriales.
La Justicia ordenó recientemente la realización de una audiencia pública para el 20 de marzo en la que las autoridades tendrán que escuchar a los vecinos. Reclamemos allí la suspensión de la medida y la elaboración entre todos, Gobierno, Juntas Comunales, organizaciones de la sociedad civil, universidades, etc, de un plan de movilidad urbana que nos permita decidir, más que cuánto recaudamos, hacia dónde vamos.
FUENTE: Rodrigo Herrera Bravo (Secretario Político de APPS, Avancemos por el Progreso Social) – www.infobae.com
