A través de la Autoridad del Agua (ADA), dependiente del Ministerio de Infraestructura, el gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó en La Plata su propio “Mapa de Disponibilidad del Recurso Hídrico Superficial y Subterráneo”, con el fin de regular y gestionar un uso racional de ríos, arroyos, lagunas, napas y acuíferos.
Este mapa tiene 2 objetivos: establecer un reordenamiento territorial con distintas zonas según niveles de riesgo hídrico que optimizarán la planificación, regulación y control del recurso; y agilizar y trasparentar los registros para grandes consumidores y los permisos para el vuelco de vertidos.
La identificación de los recursos establece 3 categorías de riesgo hídrico para todos los distintos cursos de agua: buena, condicionada y restringida. Para las aguas superficiales se tomó el mapa elaborado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación; en tanto que para el mapeo de aguas subterráneas se localizaron y estudiaron los principales acuíferos productores, diferenciándolos a partir de rangos de disponibilidad.
“La importancia de este mapa consiste en mejorar la facultad de administrar, gestionar y controlar su mejor uso por parte de la autoridad estatal”, señala el presidente de la ADA, Pablo Rodrigué.
Así, el programa comenzará a delimitar con precisión en dónde se puede usar el agua y de qué forma, para lograr un mayor control y cuidado, evitando la sobre explotación del recurso o estableciendo prohibición del consumo en zonas no aptas.
En principio, el estudio estableció que en territorio provincial hay 2 áreas condicionadas: la cuenca del Río Luján y la cuenca del Río Reconquista, afectando a 17 municipios: General Rodríguez, Ituzaingó, Moreno, Hurlingham, San Miguel, 3 de Febrero, San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar, Campana, José C. Paz, Pilar, Luján, Mercedes, Suipacha y San Andrés de Giles.
El mapeo, además, permitirá modernizar el otorgamiento de autorizaciones mediante el reempadronamiento de usuarios y la regularización de trámites en curso, ya que en la actualidad hay alrededor de 15.000 solicitudes (correspondientes a 8.500 usuarios) con tramitaciones que llevan, por ejemplo, 5 años de retraso.
Estos pedidos están referidos a proyectos a realizarse, obras en ejecución o finalizadas y permisos de vuelco de vertidos.
En este caso se establecieron 4 subdivisiones de riesgo -bajo, medio, alto y no aceptable-, teniendo en cuenta los conceptos de actitud hidráulica, explotación del recurso hídrico y vuelco de efluentes.
“En virtud de este plan, esperamos un fuerte incremento en la productividad como consecuencia de la agilización de los permisos y la consecuente baja en los costos pero también de la transparencia de los trámites a partir de la información disponible en el nuevo portal de la ADA”, concluye Rodrigué.
FUENTE: clarin.com
