Los cinco últimos ocupantes del edificio Marconetti, desde el 2 de mayo serán juzgados por usurpación. Ellos representan la última traba para poder extender el Metrobus del Bajo hasta La Boca, porque se niegan a abandonar la propiedad que debe ser demolida para ensanchar Paseo Colón. Dicen que tienen derechos sobre ella porque la habitan desde hace más de 20 años. Y, a través de sus abogados, piden una indemnización para irse. Sin embargo, hace un año la Justicia porteña le reconoció al Gobierno porteño la titularidad del edificio.
Durante los últimos meses, hubo muchos cambios sobre Paseo Colón. Distintas construcciones, como el Centro de Atención Integral para la Niñez y la Adolescencia (CAINA) y el frente del Instituto Isauro Arancibia, fueron demolidas o reformadas para poder ensanchar la avenida y construir carriles y estaciones para el Metrobus. Y ya está en marcha la licitación para adaptar a la nueva línea municipal y renovar la Escuela Taller del Casco Histórico. Pero el camino aún no está despejado: en el medio está el edificio Marconetti, que quedó aislado frente al parque Lezama.
El Marconetti está en Paseo Colón 1598 y tiene 22 departamentos. Se llama así por la familia propietaria de la fábrica de pastas que estaba detrás, que lo construyó como vivienda para sus empleados. Por eso, nunca fue dividido en unidades.
En 1946 se proyectó el ensanche de Paseo Colón, que después no se concretó. Los Marconetti le hicieron un juicio de expropiación inversa a la entonces Municipalidad. Se lo ganaron y, en 1996, el inmueble fue adquirido por la comuna. Para entonces ya había sido intrusado por varios empleados municipales que sabían que no sería demolido.
En 2014 se retomó la idea del ensanche para hacer el Metrobus del Bajo. El entonces jefe de Gobierno, Mauricio Macri, ordenó el desalojo administrativo del Marconetti, y sus habitantes cambiaron la cerradura e impidieron el ingreso del personal municipal. Esto ocurrió pese a que el Gobierno porteño pagaba el agua y el ABL y se ocupaba del mantenimiento. Fue entonces que la Dirección General de Bienes de la Ciudad denunció a los ocupantes por usurpación.
La decisión política fue no hacer un desalojo por la fuerza. Y por orden de la Justicia Civil, el Gobierno porteño paga una multa de $ 1.203 por cada día en que el edificio sigue ocupado.
El caso por la usurpación recayó en la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 35 de la Ciudad, a cargo de Celsa Ramírez. “Fue un proceso largo -cuenta la fiscal-. Tratamos de recurrir al diálogo y propiciamos una negociación entre los habitantes y el Gobierno porteño. La mayoría aceptó irse y obtuvo créditos del IVC con tasa cero para comprar otra vivienda”.
Cinco personas no quisieron acordar: una masoterapeuta, un abogado y tres jubilados, una de los cuales es la madre del abogado. Según trascendió, habrían solicitado medio millón de dólares por cada uno de los cinco departamentos para irse.
“Habiendo agotado todas las instancias, lo mejor es ir a un juicio oral para que el juez tome una decisión”, subraya la fiscal Ramírez. El juicio comienza el 2 de mayo y será breve. Los cinco acusados podrían recibir penas de seis meses a tres años de prisión por usurpación. Y la Justicia también podría ordenar el desalojo inmediato de la propiedad.
“Está por empezar el juicio, pero nosotros siempre estamos abiertos a la negociación y a escuchar -afirma el secretario de Transporte de la Ciudad, Juan José Méndez-. Siempre la expectativa es lograr un acuerdo que sea beneficioso para todos”. Y aclara que, si la Justicia ordena el desalojo, “se hará junto con el equipo de Desarrollo Social como ocurrió en casos similares”.
Los habitantes del edificio niegan ser usurpadores. “No se puede usurpar lo que legítimamente se posee. Hay gente que vive ahí desde los años 70 y que pagaba alquiler, hasta que los Marconetti dejaron de cobrarlo. Como pasaron más de 20 años, iniciamos el proceso de usucapión o adquisición del inmueble por prescripción ante un Juzgado Civil, que está por dictar sentencia. Al mismo tiempo se desarrolla la causa penal, en la Justicia de la Ciudad”, explica Luis Boffi Carri Pérez, abogado de dos de los acusados. El representante del resto es Sebastián Alanis, el mismo que representó a los ocupantes del Padelai.
Sin embargo, en enero de 2017 la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Justicia porteña determinó que el Marconetti es de dominio público de la Ciudad y, por lo tanto, sus habitantes no tienen derechos sobre el inmueble. La Cámara dictó su fallo en el marco de un recurso de amparo presentado por los ocupantes cuando quisieron desalojarlos en 2014. Inicialmente, la Justicia les dio una cautelar favorable. Pero el Gobierno porteño apeló y, al final, la Cámara le dio la razón.
“Los habitantes del edificio están dispuestos a negociar, pero en base a que se les reconozcan sus derechos -sostiene Boffi Carri Pérez-. Para eso, tienen que sacar una ley declarando al edificio de utilidad pública, previo pago de una indemnización a quienes viven en él”.
FUENTE: clarin.com
