A pocos meses de terminar su mandato, el gobierno nacional intentaría transferir el Puerto de Buenos Aires a la órbita del la Ciudad de Buenos Aires, administrada por su socio político Horacio Rodríguez Larreta. Así lo denunció el Partido Justicialista (PJ), en una nota firmada por su presidente José Luis Gioja.
EL Proyecto de Abrevaya y el Plan de trabajo de la Ciudad
“Nos oponemos a esta maniobra por considerarla un manotazo de ahogado -a 90 días de entregar el Gobierno- que no puede entenderse sino como una movida inspirada en intereses electorales y de corto plazo”, afirma el diputado nacional, según consignó esta semana el sitio BAE Negocios.
El Puerto de Buenos Aires, que depende de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado, de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, dentro de la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación Argentina, es el principal canal de salida de las exportaciones al mundo.
El Gobierno, a través del Ministerio de Transporte, aprobó en mayo el contenido de los pliegos de la licitación pública nacional e internacional para operar el Puerto como parte del proceso iniciado en diciembre. El proyecto se presentó como un Plan de Modernización del Puerto Buenos Aires que contemplaba ampliar la terminal, duplicar la capacidad de carga y aumentar la conectividad.
Tiene la particularidad de que tendría un único operador. En julio, el gobierno de Macri habría itentad avanzar en la modificación del pliego de licitación para entregar por un lapso de cincuenta años la administración del puerto a la empresa PSA, de Singapur, país donde Caputo es cónsul.
“(El traspaso) implica la venta con fines inmobiliarios de grandes terrenos de Dominio Público nacional sin la debida intervención del Congreso de la Nación y la única posibilidad que les quedará de continuar con el proyecto de Licitación con un solo operador portuario dirigido por el socio y amigo presidencial Nicolás Caputo”, agrega Gioja en el comunicado.
Según BAE Negocios, el proyecto contempla mover el puerto al norte, para lo que habría que sacarle tierra al paseo del bajo, lo que podría dejar liberada una zona de 10 mil dólares por metro cuadrado para negocios inmobiliario, según denunciaron delegados de Guincheros y Maquinistas.
Proyecto de Abrevaya
El legislador porteño Sergio Abrevaya (GEN) impulsa un proyecto de ley para que el Gobierno de la Ciudad reclame y ejerza la titularidad del Puerto de Buenos Aires, actualmente en manos del Gobierno nacional mediante la Administración General de Puertos SE del Ministerio de Transporte de la Nación.
Abrevaya postula que la Procuración General de la Ciudad se presente judicialmente a reclamar para la CABA la transferencia del Puerto: “Debe requerir la transferencia de la totalidad de bienes inmuebles, muebles, recursos humanos, concesiones adjudicadas y en proceso de adjudicación, contratos, activos y pasivos, sistemas informáticos, documentación en manos de las Autoridades del Gobierno Nacional, el sistemas y recursos operativos portuarios y autorizar el acceso libre y llano a las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos para hacerse cargo de la totalidad de la operación portuaria como lo realizan la Autoridades Nacionales”.
El legislador el año pasado hizo una presentación judicial a tales fines ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8: “En mi carácter de Diputado de la Ciudad, promoví un amparo colectivo contra el PEN y el GCBA a fin de que se declare inconstitucional el Decreto Nº 1029/92, mediante el cual el Presidente de la Nación, Carlos Menem, vetó el artículo 11 de la Ley Nº 24.093 de manera arbitraria y contraria a derecho”.
El artículo decía que a “solicitud de las provincias y/o de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en cuyos territorios se sitúen puertos de propiedad y/o administrados por el Estado nacional, y mediante el procedimiento que al respecto determine la reglamentación, el Poder Ejecutivo les transferirá a título gratuito, el dominio y la administración portuaria”.
Si bien el litigio data desde hace un cuarto de siglo, en el presente el Puerto de Buenos Aires atraviesa una polémica referida a una licitación para su futura concesión, la cual está pensada para un solo operador a 50 años, cuando en la actualidad hay tres.
La apertura de sobres se postergó y se hará ocho días antes de las elecciones generales del 27 de octubre. Se presentarían: TRP; APM Terminals; Hutchinson Ports y el grupo inversor filipino International Container Terminal Services (ICTSI).
Operadores actuales decían que se iban a presentar consorcios vinculados al puerto de Singapur, ligados al empresario Nicolás Caputo, amigo del presidente Mauricio Macri. Las compañías dejaron saber que la licitación estaba orientada a construir una especie de Puerto Madero II en tierras portuarias.
En los pliegos se explica que el proyecto de modernización de la zona portuaria porteña “tiene como finalidad adaptar su infraestructura al crecimiento del tamaño de buques y a las características del tráfico de contenedores, modificando la configuración centenaria de dársenas y avanzando con la construcción de muelles corridos, entendiendo por tales aquellos capaces de atender de forma eficiente más de un sitio de atraque en simultáneo de buques New Panamax”.
Agrega que el proyecto “consolidará un movimiento hacia el norte de la actividad portuaria de carga, liberando espacio para la atención exclusiva de pasajeros y actividades conexas en el sur del Puerto Buenos Aires, utilizando el resto de los espigones al inicio de la concesión (zona que se llamará “Terminal Interior”), para luego avanzar con el relleno al norte del Sexto Espigón hacia el este, conformándose, en consecuencia, una nueva terminal de contenedores, denominada Terminal Exterior”, expone Nuestro Mar.
Desde el Ministerio de Transporte de la Nación explican que el grupo adjudicatario deberá, entre otras condiciones, continuar las obras de ampliación que ya se están realizando y que demandarán desembolsos por U$S760.000.000 en los primeros 10 años.
El plan de trabajo
El organigrama y plan de trabajo del Gobierno de la Ciudad para el Proyecto Puerto Sur, sobre tierras que no le pertenecen pero que aspira adjudicarse antes del cambio de gobierno nacional. Allí se describen las tareas a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (MDUyT), de la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE) y de la Legislatura (LCABA) que deberían hacer posible la rezonificación y enajenación para el desarrollo de proyectos hoy inhibidos en esa zona portuaria. Además, establece plazos perentorios para su concreción, para que la transferencia a manos privadas no exceda del año 2022.
FUENTE: www.nuestromar.org