La Justicia porteña ratificó el freno provisorio al proyecto para remodelar el Estadio Luna Park con las correspondientes obras de demolición interna de la histórica estructura porteña. Lo hizo al rechazar la apelación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) al fallo de primera instancia que había ordenado frenar todo acto administrativo de autorización del proyecto tras un amparo en defensa del patrimonio.
La confirmación de la medida precautelar llegó por parte de la Sala N°3 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, que ratificó lo decidido en primera instancia por la jueza Natalia Tanno, subrogante del Juzgado N°5 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario. Tanno había resuelto a fines de noviembre suspender “de manera inmediata cualquier obra o trámite administrativo relacionado con el proyecto vinculado al inmueble” hasta que “el tribunal resuelva acerca de la procedencia de la medida cautelar”.
Ahora la Sala N°3, integrada por los camaristas Horacio Corti y Hugo Ricardo Zuleta, ratificó esa decisión provisoria en una resolución de sólo una página en la que se remitieron al fallo de origen y al dictamen emitido días atrás por el fiscal de Cámara, Juan Octavio Gauna, en relación al tema.
“Perjuicio irreparable”
En ese dictamen, el fiscal había recomendado rechazar la apelación del GCBA y mantener la suspensión de los actos administrativos al catalogar como “genéricos” a los argumentos del Gobierno porteño, que había sostenido en su recurso que la decisión le generaba un “perjuicio irreparable” al paralizar “el ejercicio de la actividad administrativa” y “suspender actos debidamente programados como las audiencias públicas ya convocadas”.
En su resolución, los jueces de Cámara sí se encargaron de recordar que la audiencia pública en cuestión se llevó a cabo cuando el fallo original de la jueza Tanno ya estaba en vigencia. Se trata de la audiencia realizada el 2 de este mes por la Agencia de Protección Ambiental (APRA) porteña, encargada de emitir los certificados de aptitud ambiental para obras de este tipo de magnitud.
En aquella audiencia, los participantes del encuentro que se oponen a la remodelación del Luna Park recordaron en diversas oportunidades la existencia del fallo vigente que prohibía todo acto administrativo por el tema y reclamaron que se levante la audiencia en función de ello, pero los representantes del GCBA decidieron continuar igual con la reunión virtual.
El fallo de Cámara ratifica así el freno provisorio al proyecto hasta que las partes presenten la documentación sobre las obras requerida por la Justicia, que deberá evaluar la cuestión de fondo para decidir si finalmente frena el proyecto de forma definitiva o no.
En la audiencia, desde APRA habían adelantado el visto bueno para la obra, destacando que “se proyecta una renovación inédita en décadas que mejora la seguridad, acústica y funcionalidad para transformarlo en un recinto para escenarios de primer nivel”. “Los impactos negativos son temporales y mitigables, mientras que los positivos son permanentes y es ambientalmente viable”, agregaban entonces, aunque ahora la decisión de la Justicia debería frenar todo trámite, incluyendo el certificado de aptitud ambiental para el proyecto.
Sobre la obra, se informó entonces que el recinto pasaría de una capacidad para 8.400 a unos 11 mil espectadores para recibir “eventos de escala internacional” y que se realizaría una “reorganización integral de planta baja, que moderniza accesos y propone un nuevo museo poniendo en valor el patrimonio”, mientras que se construirían dos nuevos subsuelos. Una vez iniciados, los trabajos requerirían “cuatro meses de demoliciones y adecuaciones iniciales y 24 meses de construcción”.
Desde DF Entertainment y Live Nation, las empresas que impulsan la remodelación del estadio, vienen negando que las obras impliquen la demolición total del lugar al tiempo que aseguran que las fachadas se mantendrán intactas. Las organizaciones que trabajan en defensa del patrimonio porteño sostienen en cambio que la obra implicaría la remoción de la cubierta actual para construir una nueva, así como la demolición de las “gradas de hormigón y estructura original” para reemplazarlas por un “nuevo edificio independiente”.
En un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) se detalla que la superficie construida del estadio pasaría de casi 11 mil metros cuadrados a casi 30 mil, lo que significaría un aumento del 174 por ciento, y que la altura de la fachada subiría de 17,6 metros a 26 con un aumento del 47 por ciento.
El amparo que motivó la suspensión provisoria de los actos administrativos fue presentado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domíguez, aunque otras organizaciones como el propio ODC y Basta de Demoler también presentaron diversos recursos para sumarse al rechazo al proyecto.
Antes de la audiencia pública, la obra ya contaba con el aval de la Comisión Nacional de Monumentos, que aprobó la intervención a principios de este año, y de la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) porteña, que dio el visto bueno al determinar, mediante resolución, que las obras son “factibles desde el punto de vista de la preservación del patrimonio urbano”.
FUENTE: Santiago Brunetto – www.pagina12.com.ar
