La adquisición de bienes patrimoniales por grupos fiduciarios, constituye una burda maniobra por la cual reclaman que se les otorgue los mayores indicadores urbanísticos para protegerlos y así evitar su deterioro, por falta de mantenimiento como si no tuvieran recursos económicos para ello.
Esta maniobra ha quedado en evidencia con la oferta de donación del chalet “Ave María” – atada a un negocio de U$S 40.000.000 – a cambio de la aprobación por la vía de la excepción para la construcción de una torre de más de 22 pisos sobre su parque, que implica un fuerte espaldarazo a la especulación inmobiliaria, abriendo la posibilidad de transformar el entorno del tradicional barrio Stella Maris en una “pequeña Manhattan”, como indica el informe urbanístico ambiental sobre este proyecto inmobiliario realizado por el Arq. Guillermo Bengochea.
El informe producido por el Arq. Bengochea gravitó de modo decisivo en la suspensión de la ejecución de las obras, dispuesta por el juez del Juzgado de Garantías 1, Daniel De Marco, hasta tanto se realice un estudio de evaluación de impacto ambiental (EIA) y paralelamente una audiencia pública, que tendrá lugar el próximo miércoles 28 a partir de las 9 horas en la Sala A del Centro Cultural Osvaldo Soriano.
“En varias partes del expediente se hacen referencias al buen negocio que es para el Municipio obtener la donación del inmueble en cuestión solamente a cambio de la construcción de un edificio de más de 22 pisos. Es de hacer notar que el enorme, inmenso negocio no es para el Municipio ni el interés común sino para la desarrolladora inmobiliaria”, aseguró el experto, remarcando que “la más que generosa plusvalía generada por la localización del lugar, las increíbles ventajas económicas que otorga a la empresa el paisaje natural más el paisaje creado por los distintos gobiernos a lo largo de los últimos 80 años en la zona, es mucho mayor que el costo de la vivienda, si la expropiara el municipio”.
Asimismo destacó que “la desarrolladora inmobiliaria gana millones de dólares a costa de la destrucción de un paisaje que es de todos, de un enorme cono de sombra sobre más de diez manzanas, de cambiar la línea de horizonte urbano, de alterar el microclima local provocando aumento de la impermeabilización del suelo con los consiguientes peligros de inundación en zonas bajas y causando peligrosos túneles de viento”.
A continuación transcribimos literalmente las conclusiones categóricas que se desprenden del consabido informe:
El proyecto consta, básicamente, de una torre de viviendas multifamiliar de 19 pisos habitables, aunque posee la altura real de un edificio de 25 pisos ya que cuenta con tres pisos libres a partir del terreno, un piso de espacios comunes de recreación y una terraza también usable. Esto da un total de 70 metros de altura sobre cota de terreno, sin contar el tanque de agua, lo que es igual a la altura de un edificio normal de 25 pisos.
Hay un engaño profundo –si se quiere, hasta un autoengaño– ya en el título del proyecto, que llama “ampliación del Chalet Ave María”a la construcción de un edificio de 20 pisos casi pegado a una casa de 2 pisos. Ninguna persona con sentido común llamaría “ampliación” a la construcción de una moderna torre de 70 metros de altura con forma de proa de barco al lado de una casa de 12 metros de alto de piedra y ladrillo. Mientras sigamos llamando con eufemismos a las cosas, difícilmente les encontraremos solución.
Todos los países capitalistas tienen leyes que preservan el patrimonio en áreas centrales históricas. Para eso utilizan multitud de herramientas reglamentarias, fiscales, impositivas, etcétera, que hacen que el propietario no pierda beneficios por ser dueño de un edificio con valor para toda la ciudad. Entre estas herramientas están aquellas que permiten la compensación urbanística, esto es, el propietario de un inmueble patrimonial recibe ventajas para preservarlo (en general aumento de los indicadores urbanísticos, es decir, le permiten construir más metros cuadrados o más alto) pero no en ese terreno, ni al lado, sino en otra locación urbana que puede estar muy lejos del lugar.
Esta experiencia de compensación ni siquiera es inédita en Mar del Plata, ya se ha hecho algo parecido con el dueño de la casa del Puente, antes de que fuera expropiada. En ese momento la Municipalidad condonó todas las deudas del propietario en otros terrenos, incluso rurales, a cambio de que conservara la Casa del Puente, antes de la expropiación.
Los informes de los distintos equipos técnicos de la municipalidad, no son todos positivos y la aprobación de la excepción por el Concejo, fue por una mínima cantidad de concejales.
Pensar en aumentar indicadores urbanos como el FOT, la altura o la densidad para que las empresas inmobiliarias puedan construir más y por lo tanto, dar más trabajo, revela escasa imaginación del Municipio para encontrar soluciones.
Sería mucho más útil socialmente, si lo que se quiere es realmente dar trabajo, pensar en mecanismos para que el Municipio gestione y construya vivienda para los sectores más carenciados, que es el gran déficit de la ciudad, y no m2 de vivienda de altísima gama. Hay que decir en este punto que la presión que recibe el Municipio de Empresarios y Gremialistas es enorme, pero allí es donde debe residir la inteligencia y la valentía del gobernante, en desviar las presiones hacia el bien común.
Entre las cosas que la Municipalidad local, a pesar del empeño que pone, no puede garantizar está la libre circulación de las personas, por ejemplo en los espacios de los balnearios concesionados a lo largo de toda la costa, y aun en la playa pública, por lo que el tránsito libre que se prevé entre el futuro Museo Mores y el local gastronómico “Piazza” es de dudoso cumplimiento.
FUENTE: mdphoy.com
