La confusión de roles en nuestra sociedad parece ser una constante en estos tiempos. Podemos ver personas que trabajan y ocupan lugares sin tener la preparación y conocimientos adecuados para las tareas que desempeñan. Un claro ejemplo es el de las estrellas del espectáculo o figuras mediáticas que ocupan cargos públicos e ingresan en el mundo de la política. En lo que se refiere a la construcción, cualquier individuo, sin importar su profesión o nivel socioeconómico, construye y “dirige” obras, o las delega en albañiles autocalificados como “responsables y serios”, sin contratar profesionales y empresas que garanticen la idoneidad y calidad de un trabajo acorde a las normativas de los códigos y a las reglas del arte.
La situación afecta a la mayoría de los profesionales y empresas, que cada día tienen más dificultades para afrontar los costos fijos e impuestos de su infraestructura de trabajo, y que ven minadas sus posibilidades laborales por quienes recurren a prácticas no establecidas ni contempladas en la ley.
Hacen falta extensas campañas de educación y publicidad -hasta hoy poco visibles- que reviertan nuestra falta de inserción e imagen en la sociedad por parte de las entidades de nuestra actividad.
Es curioso observar cómo la arquitectura no genera en quienes hacen una consulta, o encargan algún proyecto, la obligación de pagar honorarios al profesional. Es muy diferente cuando se recurre a los servicios de abogados, médicos, psicólogos, escribanos, consultores, etcétera, que cobran la consulta antes de iniciar su trabajo. Es evidente que hay un problema de base que genera esta dificultad en los arquitectos para defender los honorarios que les corresponden. La universidad no contribuye en su proceso de formación académica a enseñar y estimular cuestiones vinculadas a las gestiones económicas.
La realidad indica que la gente no tiene real conocimiento de cuáles son las pautas que deben tenerse en cuenta para iniciar una construcción, cuáles son los riesgos asumidos, qué tipo de tarea debe desarrollar un profesional, por qué es necesario y qué exigirle.
El estado municipal tiene también una gran responsabilidad en las formas del ejercicio profesional de los arquitectos a través de las regulaciones normativas que impone con el código de edificación. La creación de figuras nuevas como roles profesionales en la propuesta del nuevo código de edificación configura errores conceptuales y de índole legal notables ya que estas figuras no se comparecen con lo prescripto en el nuevo código civil y comercial aprobado hace muy pocos años.
El “Revisor de Proyecto”, el “Gerenciador” y el “Director General de Proyecto” son figuras inventadas que no guardan correlato con las leyes del código civil y comercial, lo cual genera una confusión que no ayuda a los arquitectos ante una instancia judicial, contribuyendo a obtener una menor retribución por su tarea, pero no una menor carga de responsabilidad legal cuando hay algún problema a dirimir en la justicia por una construcción que presente alguna circunstancia litigiosa.
Otra de las situaciones habituales que genera muchos conflictos es la de un arquitecto contratado por un comitente que solamente quiere los servicios del mismo hasta obtener el plano registrado por la municipalidad para iniciar la construcción, quedando la ejecución de la misma en manos de otras personas no profesionales y por sobre todo, no responsables, ya que ante la ley las responsabilidades civiles y penales siguen estando en manos del profesional firmante de los planos y encomiendas. Técnicamente y legalmente esto es tipificado como “prestación de firma”; es una falta de ética clara, que por sobre todas las cosas las responsabilidades asumidas por el profesional firmante de ninguna manera pueden ser soslayadas ni delegadas en terceras personas. Muchos trabajan bajo esta modalidad y no conocen cabalmente los riesgos que se asumen ni como llevar adelante la relación profesional/comitente.
En general también se reciben en el CPAU muchas denuncias de ética por parte de los comitentes (son analizadas y no todas prosperan) en contra de la actuación profesional de los arquitectos. Estas denuncias nunca están relacionadas con cuestiones de diseño, sino que las mismas principalmente se vinculan con problemas en la ejecución de la construcción, incumplimiento de contrato, obras mal presupuestadas, falta de presentación de planos de permiso y consiguiente clausura, abandono de tareas profesionales (trámites de habilitaciones comerciales en su mayoría), por mencionar los conflictos más usuales y relevantes.
El Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo de la Ciudad de Buenos Aires tiene actualmente cerca de 11.000 matriculados activos y en el país hay cerca de 50.000 matriculados activos en total, con una problemática muy similar a la descripta precedentemente.
Por lo tanto, en un contexto económico complicado como el actual y el avance de prácticas profesionales que suelen ser muy perjudiciales para el colectivo de profesionales de la arquitectura, es imprescindible que las entidades representativas de los arquitectos como FADEA, la SCA, el CPAU y los Colegios de Arquitectos de todo el país trabajen en conjunto para establecer y reestablecer el arancel de orden público obligatorio en aquellas jurisdicciones que no esté vigente.
Además, se deben incorporar las nuevas prácticas profesionales no contempladas (en general diferentes tipos de gestiones administrativas), un honorario mínimo para los concursos públicos y privados, capacitar y otorgar becas en aquellas cuestiones técnicas del ejercicio profesional que representan mayores dificultades y generar a través de campañas publicitarias la necesidad de contratar y consultar arquitectos a la hora de querer construir, ampliar o refaccionar inmuebles.
En estos momentos es fundamental que las instituciones redoblen sus esfuerzos para colaborar con sus socios y matriculados y establecer vínculos mucho más sólidos con los mismos.
FUENTE: Agustín García Puga (Arquitecto/Docente) – www.clarin.com
