La Ciudad de Buenos Aires se ubica sobre terrenos de poca pendiente surcados por arroyos que, hoy entubados, desembocan en el Río de la Plata o el Riachuelo.
Sus características geográficas, topográficas e hídricas la hacen particularmente vulnerable ante el impacto de fenómenos hidrometeorológicos severos, acentuados por la alta impermeabilización de su suelo y el relleno y edificación sobre su costa.
Los espacios verdes son escasos y se encuentran mal distribuidos en relación a su densidad poblacional. Debido al crecimiento del área metropolitana, la posibilidad de contacto con áreas naturales es cada vez más compleja y lejana.
Si bien cuenta con más de 16 km de costa, casi no brinda acceso público al borde ribereño. Finalmente y por efecto del cambio climático, se esperan para esta región lluvias más intensas, aumentos en las temperaturas promedio y un incremento en olas de calor.
Con estos desafíos urbano-ambientales, la Ciudad ha sido gobernada durante los últimos años en un contexto particular de acceso a recursos y poder, ya que por primera vez desde su autonomía, coincidió el color político de las tres jurisdicciones con injerencia en decisiones de planificación y gestión del territorio metropolitano.
Recursos entre los que se destaca la transferencia a la Ciudad de gran cantidad de tierras públicas, herramienta estratégica para orientar el desarrollo. Poder que se refleja en mayorías legislativas que sancionan el marco normativo necesario para cualquier propuesta de transformación.
Esta fortaleza facilitó la implementación de una variedad de proyectos de intervención urbana, involucrando cambios en usos de suelo, incremento en niveles de constructibilidad y la venta de terrenos del Estado.
Muchos de los proyectos se describen con términos como “ciudad verde”, “parque” o “paseo”, por lo que vale la pena analizar el impacto ambiental de estas propuestas y su aporte hacia un modelo de ciudad más saludable, resiliente y sustentable. En este caso, revisemos dos “parques” particularmente significativos.
Parque de la Innovación
La esquina de Av. Del Libertador y Udaondo, en el barrio de Núñez, registra una de las cotas más bajas de la Ciudad (aproximadamente 2,5‐3 m IGN). Es una zona afectada tanto por eventos pluviales como sudestadas, donde corre entubado el arroyo White.
Allí, se vendieron a privados 15.000 m2 de tierra pública y se definió normativa que permite la construcción de edificios con un Factor de Ocupación Total (FOT) de 8.
Para el resto del predio, que cubre en total 15 hectáreas, se autoriza la ocupación e impermeabilización de un 80 % total del terreno y la posibilidad de incluir subsuelos sin límite de profundidad.
El proyecto no cuenta con indicadores de inundabilidad o relevamientos hidrológicos y geomorfológicos específicos, ni con estudios que validen la capacidad de soporte de la infraestructura pluvial existente o programada para absorber la escorrentía adicional que el nuevo desarrollo impone sobre la ciudad en su conjunto.
Para completar, las instalaciones de la Asociación Tiro Federal que funcionan en el lugar, se trasladan a un nuevo predio sobre la costa. Este terreno se obtuvo a partir de rellenos y la rectificación de la desembocadura del arroyo Medrano, alejando aún más su recorrido, reduciendo las pendientes de escurrimiento y complejizando su desagüe.
El nombre elegido para este proyecto es “Parque de la Innovación”. Pero poco tiene de “parque” y menos aún de “innovador” el resultado urbano-ambiental de esta intervención.
Parque Salguero
Otra propuesta más reciente impulsada por el Gobierno de la Ciudad vuelve a llamarse “parque”, en este caso, “Parque Salguero”. Se trata de tierras ribereñas ocupadas por los complejos Costa Salguero y Punta Carrasco.
Predios que una vez finalizadas las concesiones otorgadas en los noventa debían convertirse en un gran espacio público. Así lo define la Constitución de la Ciudad cuando dice “Los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación” (art. 8).
Y luego lo reafirma el Plan Urbano Ambiental, que establece “Destinar a uso público los predios de dominio estatal que se desafecten en las riberas” (art 9, inc 4).
A pesar de ello, durante los últimos años el Ejecutivo porteño fue proponiendo proyectos y la Legislatura sancionando leyes que cambiaron el destino de estas 32 hectáreas. Lo que originariamente debía destinarse en un 100 % para el disfrute y uso público, pasó a ser solo un 65 %, ya que el resto será fraccionado y vendido.
Además, la infraestructura vial necesaria para acompañar la nueva urbanización se descontará del porcentaje de terreno público. Luego de todas estas operaciones, los ciudadanos y ciudadanas de Buenos Aires deberán restar a su patrimonio más de 11 hectáreas de valiosísimas y únicas tierras ribereñas.
Sustentar las políticas públicas en base a enajenar y luego densificar suelo urbano sin planificación ni priorización de criterios ambientales integrales tiene consecuencias graves para el desarrollo futuro de la Ciudad.
En términos de resiliencia al cambio climático, se aumenta la cantidad de población y actividades en riesgo. Y se pierde la posibilidad de incorporar nuevas estrategias para la adaptación y mitigación de inundaciones, olas de calor o altas temperaturas con propuestas menos antropizadas como grandes parques urbanos o corredores verdes.
Estas u otras intervenciones, reconociendo los servicios ecosistémicos que brinda la naturaleza, son las apropiadas para favorecer el refrescamiento, la ventilación, la absorción de lluvias y la retención de agua.
Las ciudades son estructuras rígidas y costosas de modificar: hoy se está proponiendo la Buenos Aires de las próximas generaciones, que tendrán que habitarla en un contexto complejo e incierto respecto de las condiciones de clima y la disponibilidad de recursos.
Por ello, y desde una perspectiva ambiental, hay en los últimos años pocos motivos para celebrar y unas cuantas oportunidades desaprovechadas para avanzar hacia una Buenos Aires verdaderamente más verde. «
FUENTE: María José Leveratto – www.clarin.com
