Con el acompañamiento del equipo del Programa de Hábitat I del MPD, se llevó adelante la relocalización de las familias de la Villa 21-24 que vivían a la vera del Riachuelo en el camino de sirga, según lo ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace ya diez años, en la sentencia de la Causa Mendoza.
Luego de una larga lucha de los vecinos del barrio para que la relocalización se llevara a cabo cerca de su propio asentamiento, se logró concretar la mudanza al proyecto habitacional ex-Mundo Grúa, obra que demoró ocho años en ser finalmente construida. De esta manera, se comienza a dar cumplimiento a las 1.700 soluciones habitacionales que requiere la Villa 21-24.
El Defensor Adjunto de la Ciudad, Luis Duacastella, estuvo presente durante el proceso de acompañamiento a los vecinos, en las distintas etapas de la obra. “Creemos que esta relocalización es necesaria porque la gente vivía en un nivel de contaminación e insalubridad que no es propia de un vecino de la Ciudad”, aseguró Duacastella y se refirió a los altos niveles de toxicidad y contaminación hallados en agua y suelo, así como la falta de acceso a servicios públicos de primera necesidad: “Los vecinos de la Ciudad tienen derecho a la ciudad todos por igual. Y en sus antiguos asentamientos no tenían agua corriente, no tenían cloacas y las tierras a la vera del Riachuelo están contaminadas”, afirmó.
El equipo del Programa de Hábitat I del Ministerio Público de la Defensa está conformado por profesionales que hicieron seguimiento de distintas instancias del proceso de relocalización, garantizando el cumplimiento de la sentencia y que se hagan efectivos los derechos de los vecinos.
“Acompañamos el momento en que se derriban las casas a desocupar, teniendo en cuenta que las estructuras de las viviendas son colaborativas (una estructura colabora con la otra); lo que se intenta es que no se perjudique a las viviendas que están alrededor”, explicaron lxs arquitectxs del Programa, quienes, además, se ocupan de que las nuevas viviendas coincidan con el armado de la familia, la cantidad de habitaciones y el tamaño de los livings, entre otras cuestiones.
Asimismo, desde el equipo del Programa de Hábitat I explicaron que “relocalizar no es sólo mudar a una persona de un punto a otro, sino que implica gestionar para que las familias tengan la mejor calidad de vida posible en la vivienda que poseen y que, cuando el proceso se lleva adelante, sea de la manera más adecuada y razonable para todos los integrantes de la familia”.
La Defensa Pública defiende los derechos de los miles de vecinos que viven en los barrios y asentamientos afectados por la liberación del camino de sirga, ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en julio de 2008, ante los daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo. Acompaña tanto a las familias que aún habitan sobre el camino ribereño, como a aquellos que ya han sido relocalizados y a quienes viven fuera del camino y esperan una política de urbanización e integración urbana.
FUENTE: www.defensoria.jusbaires.gov.ar
