El proyecto para modernizar el Luna Park y convertirlo en un arena de clase mundial de Diego Finkelstein y live Nation enfrenta serios cuestionamientos porque podría violar las leyes de protección histórica del mítico Palacio de los Deportes. El inmueble pasó a manos de la Iglesia una vez que la familia Lectoure se quedó sin herederos. Luego de años de decadencia del complejo, el Arzobispado de la Ciudad y la Asociación Civil Salesiana, sus actuales dueños, finalmente decidieron darlo en concesión por 40 años y ganaron el proceso Diego Finkelstein y Live Nation, la mayor operadora de espectáculos musicales del mundo.
Los actuales concesionarios anunciaron que invertirán unos 34 millones de dólares para financiar un agresivo proyecto de remodelación que permita pasar el aforo de los actuales 8.500 asientos a 13 mil, un aumento de la capacidad del 53 por ciento.
En rigor se trata de un nuevo edificio. Del anterior sólo se conservará la histórica fachada art deco diseñada por el arquitecto húngaro Jorge Kálnay, creador de este símbolo mundial del racionalismo. El nuevo proyecto propone construir al interior un edificio estructuralmente independiente y de mayor volumen, con mayor altura y dos niveles de subsuelo.
El problema es que el Luna Park es Monumento Histórico Nacional y además tiene protección patrimonial e histórica (APH) de la ciudad de Buenos Aires, o sea no puede ser demolido ni modificado. Sin embargo, el contrato de concesión firmado por la Iglesia autoriza a demolerlo si los nuevos concesionarios consiguen los permisos de las autoridades para tal fin.
El proyecto de demolición requiere ser aprobado por la Comisión Nacional de Monumentos y por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, quien según fuentes del gobierno porteño no estría muy de acuerdo con el proyecto presentado. El contrato de concesión también prevé que el Papa Francisco lo apruebe como condición previa para el inicio de las obras.
Finkelstein es dueño de DF Entertainment, que se ha convertido en la empresa más grande de espectáculos de rock de la Argentina, que trajo al país el Lollapalooza y artistas como Paul McCartney, Coldplay y próximamente Oasis. La mitad de su empresa la compró Live Nation.
La fecha de entrega del estadio a los concesionarios fue acordada para el próximo 2 de enero de 2025 y durante el plazo de la concesión -20 años más otros 20 de prórroga-, lol concesionarios deberán pagarle a la Iglesia un millón de dólares de prima al tomar poseción del inmueble y un mínimo de un millón de dólares anuales durante la vigencia del contrato.
El proyecto arquitectónico incorporado al contrato de concesión incluye una serie de renders que muestran lo que allí se denomina “espacios ganados” del nuevo estadio: un campo central más grande, nuevas áreas para gastronomía y servicios, dos nuevos pisos en altura para albergar los palcos y dos nuevos pisos de subsuelo para el estacionamiento. También está previsto modificar el diseño de las fachadas para permitir el ingreso y egreso de un mayor número de espectadores y de los autos (hoy el Luna Park no tiene estacionamiento).
La posibilidad de demoler el estadio queda asentado en diferentes pasajes del contrato. Por ejemplo, en el artículo 3.2 señala que “el gerenciador podrá desarrollar el Plan de Inversiones a su entera discreción” y advierte que “hasta tanto no se hayan obtenido las autorizaciones necesarias, el Gerenciador no podrá proceder a demoler parte alguna del estadio”.
El contrato agrega que si “las autoridades competentes no autoricen o no expidan los permisos necesarios para llevar a cabo los parámetros del nuevo estadio objetivo, el límite de inversión se reducirá de acuerdo con la nueva capacidad y los niveles construidos autorizados”. Es decir, se trata de una concesión contingente: la inversión y el pago a la Iglesia por esta concesión se ajustará al aforo máximo de espectadores que el gerenciador obtenga por las autorizaciones emanadas de la Comisión Nacional y el gobierno porteño.
El problema es que por haber sido declarado Monumento Histórico Nacional y estar ubicado en un Área de Protección histórica, existen una serie de restricciones y limitaciones que se deben respetar en caso de querer modificar el Luna Park y en principio, no es legalmente posible demolerlo.
Las leyes de protección histórica prohiben modificar la estructura, fachada e interior de los inmuebles protegidos. Las obras planteadas para el nuevo Luna Park pasarían a ser de “grado de intervención 3”, que comprenden la modificación, ampliación, reforma y/o transformación del espacio interior, por lo que no podrían ser llevadas a cabo, explicó a LPO un especialista que conoce el proyecto de Finkelstein.
Por la especial protección del inmueble, cualquier intervención material en el Luna Park también debe contar con la autorización previa de la Comisión Nacional de Monumentos y por la magnitud de las obras también se deberá cumplir con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
Las normas de protección del patrimonio histórico son severas. Quien afecte bienes protegidos deberá pagar multas que van entre un mínimo de 10% hasta tres veces el valor del bien afectado y deberá restaurar el inmueble a su estado original dentro del plazo fijado por la Comisión Nacional. Si no se cumple con la restauración en tiempo y forma, se aplicará una multa diaria, determinada por la Constitución, hasta que se complete la restitución.
FUENTE: www.lapoliticaonline.com
