La historia sobre el predio que el gobierno porteño le cedió en comodato, por 40 años, al Club Atlético Atlanta, en el que se instalará el microestadio cubierto más grande del país, “Buenos Aires Arena”, viene de larga data.
Como relató Revista Qué en su edición #129, arrastra un fin de irregularidades políticas y económicas relacionadas con las maneras en las que se gestó el proyecto, y en cómo se modificaron algunas normas para que la construcción de un microestadio sea viable sin consultar a los vecinos.
Los habitantes de Villa Crespo (comuna 15) no se quedaron de brazos cruzados cuando vislumbraron que tamaña obra modificará de manera radical la fisonomía del barrio y su estilo de vida, además de violar la ley de leyes de porteña.
Por esta razón, vecinos autoconvocados, en conjunto con la Fundación Ciudad y el patrocinio del Observatorio del Derecho, realizaron una Acción de Amparo colectivo para solicitar la nulidad de los permisos ambientales otorgados para la construcción y funcionamiento del Estadio Cubierto de Atlanta y la obra quedó judicializada.
Es que el microestadio tendrá 28.715 metros cuadrados (11.357,50 m2 más que los del proyecto original), capacidad para 16 mil personas, y no contará con estacionamiento propio.
Lo cierto es que cuando se construyen estos espacios de grandes magnitudes, se hacen en las periferias de las ciudades (como los estadios Arena montados en Nueva York, Berlín, Madrid y recientemente el de Montevideo) para evitar inconvenientes sociales y ambientales, que suelen generarse por el gran flujo de circulación de personas.
Para este tipo de obra existe una reglamentación, que obliga a que todos los proyectos que superen los 5 mil metros cuadrados deben pasar por una instancia llamada Estudio de Impacto Ambiental, y cuando el proyecto se considera de “impacto relevante” debe pasar por una audiencia pública. Sin embargo, la Agencia de Protección Ambiental (APRA), categorizó la obra “sin relevante efecto ambiental”, y evitó la audiencia pública.
Ahora, los “Vecinos Autoconvocados de Villa Crespo contra el Megaestadio Arena” volvieron a denunciar que el Gobierno de la Ciudad “es cómplice en la construcción de este emprendimiento impulsado por el diario La Nación en sociedad con la multinacional AEG Worldwide, el cual está viciado desde su origen por numerosas irregularidades y además tendrá nefastas consecuencias para la vida del barrio”.
A través de un comunicado los vecinos expresaron que “este megaestadio de más de 28 mil metros cuadrados, con capacidad para 16.000 personas –dos veces el Luna Park- y en el que se planean más de 100 shows por año, recibió por parte del Gobierno la misma clasificación de impacto ambiental que un kiosco. Así mismo, se está construyendo en un predio público cedido por la Legislatura porteña al Club Atlanta que, a su vez, lo cedió en comodato al diario La Nación. Pero no es todo: el megaestadio no pagará impuesto inmobiliario ni ABL por los próximos cuarenta años”.
“Las irregularidades en torno a su impacto ambiental quedaron al descubierto en marzo, cuando el juez Ammirato hizo lugar al amparo presentado por la Fundación Ciudad, obligando a la empresa a presentar un nuevo informe de impacto ambiental y prohibiendo la explotación comercial e inauguración del megaestadio hasta que lo haga. Pero aún con la inhabilitación de la justicia, la empresa comenzó a vender entradas para diversos shows a partir de noviembre, lo cual es una señal inequívoca de que dan por descontada la aprobación del nuevo estudio de impacto ambiental por parte del Gobierno”.
“Uno de los requisitos para que el megaestadio se habilite es que cuente con estacionamiento. Pero su construcción nunca fue prevista, de modo que la empresa pretende alquilar las cocheras de la zona ofreciendo sumas exhorbitantes, lo cual amenaza la ya escasa cantidad de plazas con las que contamos para nuestros vehículos. El fenómeno es claro: privilegios para un emprendimiento privado, a costa de los vecinos de Villa Crespo. Y por si no alcanza, la dirigencia del Club Atlanta está dispuesta a entregar terreno de su estadio sobre la calle Dorrego para construir allí 300 estacionamientos, aún cuando eso los dejaría sin espacio para una tribuna. Todo por recibir los 40.000 dólares mensuales que La Nación le pagaría al club, a pesar de que proyectan obtener 200 millones por año (es decir, recibirían el 0,25% de las ganancias).
Por último, queremos señalar que admiramos la inmensa calidad artística de Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, así como reconocemos su nobleza y su coherencia de pensamiento. Por este motivo y ante los shows que tienen planificados en este monstruo de cemento, les decimos que están siendo contratados para presentarse en un estadio que está inhabilitado judicialmente, cuyo funcionamiento dañará profundamente un hermoso barrio de la ciudad que los ama. Les pedimos que no contribuyan con su talento y su arte al negocio de poderosos que siempre han estado en la vereda de enfrente de todas las cosas en las que creen”.
FUENTE: www.revistaque.com
