Buenos Aires está cambiando. A los efectos devastadores que ocasionó la pandemia en el centro se le suma la aplicación de las nuevas normativas que buscan unificar en altura las manzanas y que pone en riesgo el patrimonio de proximidad, las esquinas antiguas -casonas, almacenes- que muestran rasgos arquitectónicos de una ciudad que va quedando atrás, escondida debajo de la especulación inmobiliaria.
En todos los barrios, los carteles de venta, emplazados sobre las casonas que se levantan en las esquinas, empezaron a despertar preocupación en los vecinos acostumbrados a ver un poco de cielo entre las torres que florecen por doquier. Avenidas Dorrego y Córdoba, avenida San Juan y Deán Funes, Soldado de la Independencia y Jorge Newbery, Paraguay y Maipú, entre muchas otras intersecciones hoy habitadas por viejos edificios pasarán a formar parte del pasado invisible para darle lugar a nuevos edificios que buscan “unificar” la altura de la cuadra. “Estamos perdiendo el patrimonio de proximidad, el almacén de la esquina, las casas que le daban identidad al barrio”, dicen desde Basta de Demoler.
El Código Urbanístico aprobado en 2018, sumado a las modificaciones votadas en la Legislatura el año pasado, buscan construir una ciudad capaz de albergar a seis millones de personas. Para ello, sin duda, se proponen incrementar los m2 construidos sobre los existentes. Y en una ciudad donde los terrenos vacantes son espacio de disputa por el déficit de espacios verdes (https://diarioz.com.ar/2020/09/04/otro-deficit-que-muestra-la-pandemia-la-ciudad-tiene-la-tercera-parte-del-espacio-verde-recomendado-por-la-oms/), la mira recae sobre los edificios de poca altura, en especial casonas de una planta, que suelen ubicarse en las esquinas.
“A la dirección general de Interpretación Urbanística le llegan los casos y ahí se decide cuánto se puede construir en edificios catalogados y en cuáles no: cada vez dan permisos para más m2”, señala el arquitecto Mauro Sbarbati, integrante de la ONG Basta de Demoler.
De esta manera, el gobierno porteño promueve lo que técnicamente se denomina como “enrase”, es decir, la uniformización de acuerdo con la altura dominante en cada manzana. “Esto es algo bueno, pero el problema es que toman como referencia los edificios más altos, lo cual a su vez no tiene en cuenta los intereses vecinales, el concepto de buen habitar. Lo que quieren es mayor cantidad de m2 vendibles”, agrega.
A esta decisión se le sumó otra iniciativa que cierra el círculo, un proyecto de ley del Ejecutivo que impulsa un blanqueo inmobiliario para aquellas constructoras que incumplieron el Código de Edificación. “Básicamente dicen ‘lo que está construido, ya está’. Siempre se premia el incumplimiento”, denuncian desde Basta de Demoler. Por ejemplo, en la avenida Centenera había edificios de tres o cuatro pisos, pero construyeron uno de 12. “Al condonar ese proyecto, entonces ahora, gracias al nuevo Código, van a poder autorizar que esa avenida cambie la altura para uniformar en 12 pisos. Es decir, triplicaste la altura por una irregularidad”, explica Sbarbati.
Un proyecto de ley del Ejecutivo impulsa un blanqueo inmobiliario para aquellas constructoras que incumplieron el Código de Edificación. “Básicamente dicen ‘lo que está construido, ya está’. Siempre se premia el incumplimiento
La nueva tanda de demoliciones que está en marcha es parte de una decisión política que empezó a materializarse con la aprobación del nuevo Código Urbanístico, cuya génesis puede rastrearse en el plan ideado por el entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri de duplicar la población de la Ciudad de Buenos Aires. La nueva normativa, también, llegó para sepultar un debate en torno al patrimonio que venía escalando desde 2009, cuando se aprobó una ley que protegía preventivamente a todos los inmuebles construidos antes de 1941 y que invertía la carga de la prueba: los interesados en modificarlos debían justificar que no tenían valor patrimonial. Esa resolución quedaba en manos del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), integrado por funcionarios de la secretaría de Desarrollo Urbano, el ministerio de Cultura, la Sociedad Central de Arquitectos, el Consejo del Plan Urbano Ambiental (CoPUA), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la FADU-UBA, la Comisión de Monumentos y Museos, entre otras entidades de conservación.
Según Sbarbati, con cada modificación que se le hizo al Código Urbanístico, algunas de ellas votadas el año pasado, “le dan más poder al Ejecutivo sobre la ley”. “Cada vez los casos de protección son más interpretables, entonces el código es cada vez más laxo y permite la construcción de más m2”, señala a Diario Z.
La estrategia de copamiento oficial de organismos clave, como el CoPUA y sobre todo del CAAP, se hizo de una manera muy efectiva, a tal punto que poco a poco fueron desapareciendo las voces disonantes que, cada tanto, emergían desde esos espacios institucionales. Una de ellas fue la de Mónica Capano, una experta en patrimonio urbano que salió eyectada del CAAP luego de que formulara graves denuncias sobre su funcionamiento. Una fuente que supo participar de uno de esos organismos como parte de una entidad internacional, cuenta en off a Diario Z que el nivel de injerencia del mercado inmobiliario y de la industria constructora son “abrumadores”. “Los integrantes son funcionales a los intereses del gobierno de la Ciudad y del mercado”, asegura.
A esto se le suma lo que Sbarbati describe como “ocultismo”. Si bien es cierto que las decisiones que hoy avanzan sobre el patrimonio porteño están enmarcadas en la absoluta legalidad, los vecinos suelen enterarse cuando las empresas constructoras colocan carteles que sentencian el final de esos inmuebles que vieron durante toda su vida. “Las decisiones no son publicitadas”, indica el referente de Basta de Demoler, desde donde además están presentando un pedido de acceso a la información pública por otro tema candente: “La Secretaría de Desarrollo Urbano le pidió a la UBA que examine 140 mil lotes. Llegaron a la conclusión de que había 18 mil con valor patrimonial. Ahora, había que protegerlos por ley, pero esa información nunca pasó del Ejecutivo al Legislativo, queremos saber dónde está esa información”.
¿Qué lugar queda entonces para el patrimonio porteño? Prolijamente pensadas, las Áreas de Protección Histórica del centro, reducidas en alcance pero contenedoras de grandes edificios de valor patrimonial, aunque escasos en cantidad, son los últimos reductos de la identidad porteña en vías de extinción. “Todo lo que está en el resto de la ciudad, y está entre edificios más altos, se lo van a llevar puesto. No importan las características de las fachadas”, se lamenta Sbarbati. Y agrega: “No se trata de petrificar toda la ciudad. Hay cosas que son interesantes, que pueden pensarse para otros usos y nuevas formas de habitar, pero ha ganado la visión de construir monoambientes o departamentos de dos ambientes a 3 mil dólares el m2. Se libera a las reglas del mercado, pero nunca son departamentos vendibles para la gente que realmente los necesita”.
FUENTE: diarioz.com.ar
