En la ciudad de Buenos Aires es habitual que edificaciones muy antiguas -a veces abandonadas- estén tapadas por un cartel de obra acompañado por renders e imágenes que indican que allí pronto habrá un edificio con balcones vidriados.
Para Jaime Sorín, ex decano de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Airesy quien estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos entre 2014 y diciembre de 2015, “las ciudades son como un libro de historia. Saber quiénes hicieron la ciudad y por qué la hicieron de determinada manera nos sirve para entender cómo querían vivir las generaciones pasadas. Por ejemplo, qué mirada tenía la generación del 80 y cuál la de la década del 30 durante la industrialización. Para entender esas miradas necesitamos que se mantenga el patrimonio, que no quiere decir que se congele, porque las ciudades evolucionan”, explica.
Sorín cree que hubo dos momentos en los que el patrimonio no fue respetado en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando la gestionaba el brigadier Osvaldo Cacciatore -durante la última dictadura cívico-militar- y desde 2007, con la llegada del macrismo al gobierno. “Durante la dictadura hubo un ataque a lo que era el patrimonio histórico con el fin de suplantar a la población que había por otro tipo de gente, para ellos más merecedora de Buenos Aires, y para favorecer al transporte automotor. Con el macrismo, en cambio, se busca impulsar negocios inmobiliarios. Se demolieron alrededor de 2.000 edificios desde 2007, muchos con alto valor patrimonial. Al principio esas demoliciones se daban en zonas con un m² caro y en barrios residenciales como Caballito y Devoto. Últimamente, como hay cada vez menos tierra, los desarrollos inmobiliarios se trasladan a barrios como La Boca o Barracas, que son barrios con muchas edificaciones históricas y con una historia muy rica de construcción de inmigrantes”.
Justamente en Barracas es donde la organización vecinal se opuso con más fuerza a la destrucción del patrimonio arquitectónico de la zona. Bajo el nombre “Proteger Barracas” la asociación vecinal nacida en 2007 logró visibilizar e impedir diferentes acciones que ponían en peligro la preservación de edificios históricos. “Cuando hablamos de patrimonio arquitectónico y preservación edilicia es frecuente encontrarnos frente a argumentos críticos simplificadores que exponen supuestas antinomias como ‘estancamiento vs. evolución’ o ‘antiguo vs. modernización’. La realidad demuestra que nada es tan simple y que los procesos que tienen lugar cuando se modifican los parámetros urbanísticos son complejos, llegando a afectar aspectos que exceden lo estrictamente edilicio como la identidad, la pertenencia y la calidad de vida de los habitantes. Entendemos que la transformación positiva de nuestros ámbitos requiere la preservación de los paisajes identitarios combinando la conservación de las piezas valiosas que los componen y favoreciendo simultáneamente la incorporación de nueva arquitectura que se integre al entorno interpretándolo en lugar de romperlo”, sostiene uno de los referentes de la Asociación.
Hay tres formas de protección patrimonial en la ciudad de Buenos Aires: cautelar, integral y estructural. La última categoría básicamente prohíbe cualquier mínimo cambio y rige para edificios históricos de la talla del Obelisco o la Casa Rosada, mientras que la protección integral permite algunos cambios mínimos dentro del edificio, con previa autorización.
La disputa se da con aquellos que tienen protección cautelar: todos los edificios cuyos planos originales sean anteriores al año 1941. Estos pueden ser demolidos pero antes tienen que pasar por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), conformado por instituciones públicas y privadas. Tanto para Sorín como para los vecinos con los que hablé el problema de ese consejo es que es demasiado permeable al lobby del sector inmobiliario y por eso se autorizan tantas demoliciones o excepciones que permiten que se den situaciones como las del Palacio Roccatagliata en el barrio de Coghlan, que terminó rodeado por un megaproyecto inmobiliario, y otras donde solo se exige que se mantenga la fachada del edificio pero no el interior.
Otro de los instrumentos de protección patrimonial son las declaraciones de Área de Protección Histórica (APH) que están dentro del Código Urbanístico y delimitan qué se puede hacer y qué no en determinadas zonas. “El tema es que no necesariamente se respetan porque hay excepciones o se flexibiliza la protección que hay para beneficiar al negocio inmobiliario y no al vecino que ya vive ahí”, señala uno de los miembros de la ONG Basta de Demoler.
A propósito de dichas excepciones, uno de los casos más recientes es el intento de cambio de zonificación de un predio de la Policía Federal que contiene inmuebles de casi 150 años de antigüedad, en Avenida del Libertador y Cavia, luego del cual el gobierno de la Ciudad pretendía vender para que un privado construya torres de 150 metros de altura. El combo cambio de zonificación y venta de tierra pública -ya un clásico de la gestión de Larreta- fue frenado el jueves pasado en la legislatura porque despertó la oposición del propio jefe de la Policía que está organizó a agentes para que repartieran volantes en contra de la iniciativa. También por la resistencia vecinal se frenó la venta del Playón Ferroviario de Caballito, uno de los último pulmones verdes del barrio. Sin embargo, se aprobó el traspaso desde Nación y la venta de otros 60 inmuebles públicos.
“Aún con la necesidad de pasar por el Consejo y por la legislatura hay un montón de edificios que terminan siendo demolidos igual”, se queja uno de los referentes de Basta de Demoler, otra de las asociaciones vecinales que no se centra en un barrio en particular. En diálogo con Cenital, voceros de la ONG justificaron su defensa del patrimonio: “La ciudad es uno de los inventos más complejos de la humanidad y el patrimonio cuenta esa historia. Tirar abajo edificios y volver a construir perjudica mucho el medio ambiente porque se generan emisiones de carbono que son innecesarias”. Los vecinos organizados no solo no suelen ser escuchados por el Ejecutivo porteño sino que los denunció por daños y perjuicios en 2014. Hasta hoy, el gobierno de la Ciudad sigue reclamando el pago de 3 millones de dólares a raíz de una protesta -con desenlace exitoso- que hizo la organización para evitar que las nuevas bocas de subte de la línea H se situaran sobre la Plaza Intendente Alvear, en Recoleta.
Jaime Sorín cree que es posible una convivencia entre el desarrollo urbano y el mantenimiento del patrimonio aunque no sin conflicto ya que sostiene que ” no es todo armónico, porque cambian los modos en que vivimos, nos movemos, disfrutamos el espacio público. Y cada generación deja sus marcas. Con lo que hay que tener es cuidado con que las marcas de una generación no borren las marcas que dejó la anterior. El patrimonio provoca que nos hagamos preguntas y si lo tirás abajo ya no te vas a hacer esas preguntas. No estamos hablando de congelar las ciudades ni de hacer ciudades-museo, la cuestión es cómo se integra lo viejo con lo nuevo. No es necesario matar lo viejo para que aparezca lo nuevo”, concluye el arquitecto.
Carolina Quiroga, arquitecta y especialista en conservación del patrimonio, opina algo similar: “Patrimonio y desarrollo no tienen por qué colapsar porque el patrimonio en sí es un motor para el desarrollo, por ejemplo en términos de turismo cultural, que es parte del desarrollo económico y sociocultural de las ciudades”.
Quiroga, además, sostiene que la perspectiva de género es importante en la preservación del patrimonio porque “también reproduce procesos de desigualdad en términos de género. Por ejemplo cuando se decide qué se elige preservar y qué no o cuando se invisibiliza el rol de la mujer en la producción de un patrimonio determinado, como ha pasado en la firma de obras arquitectónicas”, reflexiona. No tan escéptica como Sorín, la arquitecta de la UBA cree que “en la ciudad de Buenos Aires conviven situaciones de demolición con algunas iniciativas exitosas de recuperación del patrimonio como es por ejemplo lo que está pasando con la Confitería Del Molino”. La restauración de la famosa Confitería comenzó hace ya casi dos años y está a cargo de una comisión bicameral del Congreso con fondos de Nación y Ciudad.
Sorín cree que en otras ciudades se le da más importancia a la conservación patrimonial. “Bogotá, Cartagena, Belo Horizonte, sólo por mencionar algunos ejemplos, son ciudades que se toman la preservación del patrimonio muy en serio. Para que te des una idea acá la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares históricos tenía 30 empleados y en Brasil esa misma función la cumple un ministerio entero”, relata.
Y Quiroga agrega un elemento más: la participación y los usos que se les da a los lugares con contenido patrimonial. “Las buenas prácticas en términos de preservación del patrimonio siempre tienen que incluir la participación amplia de los ciudadanos además de la normativa. Que los vecinos formen parte de los procesos de selección del patrimonio y de rehabilitación del mismo. Además, hay que poder activar desde la vida cotidiana los centros de valor patrimonial, por ejemplo para vivienda y otros usos, porque si no se corre el riesgo de ‘museificar’ los cascos históricos, como pasó en varias ciudades europeas”.
FUENTE: Fernando Bercovich – www.cenital.com
