Cuando la crisis económica de 2001 dejó a la cuarta parte de la población de Rosario sin empleo y a más de la mitad debajo de la línea de la pobreza, la ciudad decidió proporcionar a los residentes herramientas, semillas y formación para cultivar alimentos de forma local y sostenible. El proyecto reconvirtió terrenos baldíos de toda la ciudad en huertas, creó mercados permanentes e hizo de la agricultura urbana una nueva fuente de ingresos.
Desde 2007, después de lluvias récords que obligaron a realizar evacuaciones, la ciudad utilizó el programa para crear resiliencia al clima: usar tierras para la agricultura mejoró la capacidad del suelo para absorber agua, lo hizo menos propenso a inundaciones y redujo la temperatura.
Por los resultados del programa “Producción sostenible de alimentos para una Rosario resiliente” la ciudad recibió este año el Premio a las Ciudades que otorga WRI compitiendo con proyectos innovadores de todo el mundo.
“Mantener los espacios de producción de alimentos dentro de las zonas urbanas y periurbanas es una estrategia clave en nuestro plan de acción climática: genera oportunidades de empleo, cohesión social, mejora el medio ambiente y la salud de los residentes mientras logra mayor resiliencia al cambio climático”, dicen en la ciudad que hoy destina 75 has. a las huertas urbanas y preserva 800 has. para la agricultura en la zona periurbana, lo que evita la expansión urbana y proporciona trabajo y alimentos a más de 2400 familias. Cadenas de suministro de alimentos más cortas y localizadas reducen emisiones de carbono al producir localmente 2500 tn. de frutas y verduras cada año.
Ciudades en peligro
“Ninguna ciudad está exenta de sufrir el cambio climático y sus consecuencias”, dice Alejandro Sáez Reale, coordinador del programa Ciudades de Cippec: “están frente a una encrucijada: son grandes emisoras de GEI y el lugar donde más se sufrirán las consecuencias: más calor, mayor frecuencia e intensidad de lluvias e inundaciones”.
Los problemas derivados de estos impactos serán muchos y graves: mayor demanda de energía eléctrica -con cortes de electricidad y fallas de infraestructura-, pérdidas económicas -menor PBI- y de vidas por las inundaciones y el aumento del calor. Y afectarán más a poblaciones vulnerables. “Con tasas alarmantes de pobreza e informalidad urbana, nuestro país está expuesto a alto riesgo”, dice el especialista. Las sequías serán otro impacto del cambio climático y afectarán la provisión de alimentos, el transporte fluvial y la generación de energía.
Conocer cuáles son las vulnerabilidades a las que cada ciudad está expuesta y mapearlas es lo primero para crear un plan que mejore su resiliencia. ¿Hay personas viviendo en zonas que están debajo de la cota de inundación? ¿Cuántas viven en zonas de islas urbanas de calor y qué porcentaje son adultos mayores? “Un mapa de vulnerabilidades socio-ambientales permite responder estas preguntas”, dice Sáez Reale. El paso siguiente es saber cómo operar en caso de que ocurra alguna de las amenazas: cada área de gobierno tiene que saber cómo reaccionar rápidamente al igual que la población debe saber si evacuarse o no y cómo solicitar asistencia. Luego, el plan de reducción de riesgos hará que la ciudad sea más resiliente ante nuevos impactos.
Política de estado
El destino ambiental de Rafaela se define más allá de los gobiernos de turno. En 2015, crearon un ente autárquico, el Instituto para el Desarrollo Sustentable. “Se trabajan con políticas públicas que cobraron fuerte relevancia en la post pandemia y se involucra a todos los actores y sectores en el cuidado del ambiente”, dice Paz Caruso, secretaria de Ambiente.
Potenciar la generación de datos cuantitativos en temáticas ambientales es uno de los desafíos actuales. La gestión integral de residuos con mirada social y ambiental -en manos de 3 cooperativas con 70 asociados-, recupera y comercializa más de 300 toneladas mensuales de residuos que ingresan a la industria del reciclado. El municipio mantiene la infraestructura de la planta y hace la recolección de residuos; 80% de la población separa sus residuos en el hogar.
El programa de Empleo Verde ofrece capacitaciones en oficios sustentables y Emprende Verde, busca motivar a emprendedores frente a las problemáticas ambientales. El plan de forestación y el programa de Instituciones Sustentables, que busca la participación del sector privado, son otros pilares de la gestión. Natura es una de las firmas que logró alinear sus objetivos de recupero de envases y embalajes con los de gestión de residuos de Rafaela.
Según Marcela Maduro, coordinadora de Sustentabilidad, lograron rescatar 51% de material generado post consumo, equivalente a más de 2000 toneladas de residuos. Además, capacitaron a consultoras de belleza de la localidad para que sean agentes de cambio.
Crecer bien
Según Cippec las ciudades de Argentina, entre los años 2006 y 2016, crecieron más rápido que su población y redujeron su densidad. El aumento del costo de vida, con externalidades ambientales negativas son las consecuencias. “Expandir infraestructura para agua, electricidad, cloacas y saneamiento, transporte o recolección de residuos de es cada vez más caro a densidades más bajas. Esto genera efectos indeseables sobre la segregación social, la inseguridad y la salud de la población. Hay que contener la expansión urbana para aumentar la densidad y promover sostenibilidad ambiental y equidad social”, explican.
“Debemos ir hacia modelos urbanos más sostenibles, donde trasladarse de un lado a otro sea cada vez menos necesario”, dicen. Por eso, hay que promover la densificación de las áreas ya urbanizadas, reemplazar lámparas por LED y la flota de colectivos con motores de combustión interna por híbridos o eléctricos y establecer requisitos de construcción sostenible -en términos de consumo eléctrico, consumo de agua y refrigeración y calefacción-, acciones que dependen de normativas locales, pero afectan intereses de diferentes actores.
Residuos: el desafío
La disposición final de residuos sólidos urbanos (RSU) a nivel nacional solo cubre el 64,7% de la población. Según el Ministerio de Ambiente (2018), un tercio de las provincias no dispone de forma adecuada más del 20% de sus residuos. A nivel municipal, en 2016, el 60% de las localidades no contaba con un sistema de separación en origen de residuos, según OIT. Parte del problema es el bajo costo por tonelada de residuos que deben pagar los municipios.
Articular con el sector privado es una de las soluciones que encuentran las ciudades para su gestión. Para Diego Sabat, director de Legales de Grupo Libertad, “la reducción de la contaminación ambiental y el cuidado de los recursos naturales deben encararse entre todos”. La empresa disminuye el impacto de su operación en el ambiente y dentro de su programa de Gestión Integral de Residuos, hizo un convenio con la ciudad de Córdoba para colaborar con el Parque de la Biodiversidad y donar alimentos que no cumplen los estándares para ser vendidos.
Por su lado, la Cervecería y Maltería Quilmes busca fortalecer el sistema de reciclaje de las ciudades. El ahorro en materia prima -por la reutilización de la botella durante 29 ciclos- y la optimización logística que implica que los camiones regresan cargados de botellas vacías son las ventajas que encuentran en la acción conjunta con los municipios para fortalecer sistemas de recolección diferenciada y reciclado de materiales con su programa Ciudades Circulares. El modelo estimula la retornabilidad e incorporar la economía circular a la gestión integral de residuos sólidos.
Con Luján de Cuyo, por ejemplo, tienen un acuerdo que busca restaurar ambientes degradados por incendios en la cuenca del río Mendoza -la zona de riego más importante del oeste argentino y de alta relevancia local y regional que impacta de forma directa en más de un millón de mendocinos y abastece a la zona de agua para uso agrícola, humano e industrial-, proteger las cuencas hídricas y la recuperación de residuos reciclables a través de transferencia de conocimiento, capacitación y planificación para incrementar los índices de reciclabilidad, mejorar la trazabilidad y optimizar el rendimiento económico.
La ciudad, por su parte, con el plan Luján Sustentable promueve la economía circular, la eficiencia energética, el consumo responsable del agua, la educación y la movilidad urbana. “Los trabajos de articulación público-privada son centrales en la aplicación de los programas y consecución de metas del plan estratégico de gobierno del municipio”, dice Sebastián Bragagnolo, intendente de Luján de Cuyo. “La gobernanza está centrada en el vecino”. En los últimos 2 años firmaron acuerdos de cooperación y asistencia con empresas, organismos y fundaciones, como Pacto Global de Alcaldes, UNC, Fundación Eurosur, Fundación Nuevas Generaciones, entre muchos otros. “Con Eurosur se acordó que la comuna italiana de Prato nos transfiera su modelo de economía circular; con la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático (Ramcc) coordinamos para que los comercios e industrias del municipio midan su huella de carbono”, cuenta. Y así asumir las responsabilidades que deben enfrentar como comunidad frente a las consecuencias del cambio climático.
Obligación de innovar
“El desarrollo económico debe ser amigable con el ambiente, pero también inclusivo con los más desfavorecidos”, explica Pablo Navarro Lehoux, coordinador de Parque de la Innovación “Distrito 33”, la visión de Mendoza. “Queremos crear un centro neurálgico donde se desarrolle el talento de las nuevas economías, la economía del conocimiento y las industrias creativas. Y pretendemos hacerlo de un modo sostenible e inclusivo”, explica. Las capacitaciones buscan dar herramientas a sectores vulnerables. Potrero Digital ya cuenta allí más de 500 egresados en programación, marketing digital y asistente de diseño y animación, cursos orientados a quienes no pueden costear estas capacitaciones. Quinto Impacto, una empresa de desarrollo de software certificada B, da a egresados su primer empleo.
¿Cómo lo lograron? La ciudad se alió a GDFE y la Red de Innovación Local (RIL) y conformaron un Consorcio de articulación público-privado para desarrollar política pública colaborativa y centrada en el usuario y convertir al Distrito 33 en una usina de talento para las nuevas economías de una manera inclusiva y sostenible. Representantes de 20 organizaciones se reúnen para delinear posibles soluciones que permitan cambiar la realidad educativa y laboral de miles de personas de la ciudad y la provincia.
Para Verónica de los Heros, responsable de Sustentabilidad de Supervielle, el sector privado debe ser parte del compromiso con el desarrollo de las comunidades en las que operan. La firma invirtió unos $ 6,5 millones en programas de articulación público-privada y ya participan en 2 consorcios. Alinearon su negocio según las necesidades de la comunidad: implementaron líneas de crédito asociadas a la adquisición de productos y servicios para el consumo sustentable, como bicicletas eléctricas y paneles solares y notebooks para los docentes y también la línea de crédito para la instalación de luminarias LED en Malargüe.
Un nuevo liderazgo
Para Alejandro Jurado, responsable local de Ciudad Posible, empresa B que colabora en planificar y gestionar proyectos de economía circular y regenerativa y promueve la articulación público-privada y la participación ciudadana, se necesitan más empresas con ADN de triple impacto dispuestas a utilizar la fuerza del mercado para resolver problemáticas sociales o ambientales: no alcanza con reducir los impactos ambientales de las actividades económicas. “Las ciudades concentran más de 90% de la población, generan 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero y circulan por ellas 75% de los materiales y los recursos energéticos que se extraen de la naturaleza”, dice.
Los municipios en Argentina vienen asumiendo nuevas competencias con los mismos recursos. “Se requiere liderazgo del sector público local, pero también articulación con el sector privado, el sistema científico tecnológico y las organizaciones de la sociedad civil. Este ecosistema debería estar acompañado de una mayor descentralización de recursos, mejores mecanismos de diálogo y el desarrollo de capacidades locales”, explica Jurado. “Las ciudades contribuirán, pero dependerá en gran medida de los compromisos y las hojas de ruta asumidos por países y empresas en la COP26. A nivel local, todavía está pendiente lograr la responsabilidad extendida del productor”, ejemplifica.
“El cambio climático agudiza las problemáticas socio-económicas comunes a las ciudades de países en vías de desarrollo, que impactan de manera negativa en los sectores más vulnerables y generan más desigualdades”, dice Diego Leone, secretario de Ambiente y Espacio Público de Rosario. Con su Plan Local de Acción Climática, la ciudad proyecta reducir 22% de emisiones GEI para el 2030 -10% en materia de residuos, un 7% en lo relacionado a la movilidad y un 5% en energía- y continuar con acciones de adaptación, resiliencia urbana y una mejor gestión de riesgo ante los eventos hidrometeorológicos. Financiar la transición hacia la descarbonización no es sencillo. “La falta de financiamiento para infraestructura de gran envergadura es un problema por afrontar”, reconoce. Pese a esto, la ciudad asume la importancia de desarrollar acciones ligadas a crear un ambiente adecuado para la interacción entre tecnología, ciencia y producción: busca la instalación de empresas de base tecnológica, socialmente responsables con el ambiente y enfocadas hacia el conocimiento, la innovación y la producción más limpia.
FUENTE: Rosa Londra – www.cronista.com
