El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ordenó al Estado nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad a recomponer el ambiente, es decir el agua, suelo y aire, mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca Matanza-Riachuelo y prevenir daños futuros.
El fallo “Mendoza” fue dictado en la causa por el saneamiento del Riachuelo, que se inició en 2004 cuando un grupo de vecinos y trabajadores de Villa Inflamable (Avellaneda) demandaron por daños a la comunidad y al ambiente. Pero gran parte no se cumplió. Y quienes más sufren son los miles de vecinos que viven al borde la contaminación y deben ser relocalizados.
Pasaron 15 años desde que el Máximo Tribunal se pronunció sobre lo que se debía hacer para resolver el problema socio-ambiental de quienes residían en la cuenca. Allí viven más de 4 millones y medio de personas, lo que representa el 10% de la población del país, según ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo).
Las principales causas de la contaminación son los efluentes cloacales en un 70% y los residuos sólidos urbanos y los efluentes líquidos industriales, en un 30%, según el informe de calidad del agua de ACUMAR.
Pese al paso del tiempo, ¿se cumplió el fallo? Las cifras demuestran que no. “En 2023, y sin contar las viviendas entregadas sin servicios, solo el 13% de las personas fueron relocalizadas”, le dice a Clarín el defensor oficial Mariano Gutiérrez, coordinador del Equipo de Trabajo Río Matanza Riachuelo del Ministerio Público de la Defensa. El grupo fue creado en 2014 por la Defensora General Stella Maris Martínez.
Por su parte, Cristián Fernández, abogado y coordinador del área de Asuntos Legales de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), sostiene que “las acciones desarrolladas no produjeron resultados del todo satisfactorios”.
Por eso, en 2018 la Corte determinó que “la implementación del Plan Integral del Saneamiento cuenta con un bajo nivel de implementación, por lo que se le requirió a las autoridades que precisen y establezcan fechas ciertas para la finalización”. ACUMAR no pudo demostrar que mejoraron las condiciones de las aguas superficiales del río ni la calidad del aire en la cuenca baja del Riachuelo.
Para que la vida de los vecinos mejore, la Justicia ordenó la reconversión y adecuación industrial del polo petroquímico Dock sud y la implementación de un Convenio Marco en el que cada municipio de la cuenca se comprometía a relocalizar a las familias que se encontraban en riesgo ambiental.
Se hizo el Convenio Marco 2010, que sostenía que el total de familias a ser relocalizadas era de 17.771. Gutiérrez estima que esa cantidad de personas es el doble en la actualidad.
“Todos los municipios de la cuenca deben resolver problemas de relocalización, pero no se pensó en los servicios básicos al entregar las casas. Por la mala calidad constructiva, a los pocos meses, los vecinos querían volver a donde vivían”, destaca Gutierrez.
Para el Equipo de Trabajo Río Matanza Riachuelo, el incumplimiento de la sentencia responde a distintos factores. Uno de ellos es que la mayor parte de la responsabilidad en la ejecución está en manos de los gobiernos municipales, que muchas veces no cuentan con la capacidad técnica o la voluntad política.
“Uno de los problemas del fallo es que se crea un Cuerpo Colegiado compuesto por el Defensor del Pueblo de la Nación, quien representa los intereses generales de la población a favor de un ambiente sano, y ONGs. Pero como no fue designado el Defensor no se puede cumplir este punto”, sostiene Gutiérrez.
En julio de 2022, el Cuerpo Colegiado para el control del Plan de Saneamiento emitió una declaración pública en la que se advirtió que “ninguno de los objetivos se han logrado”.
También sufren la falta de continuidad y financiamiento, producto de los cambios de gobierno. Asimismo, los complejos de vivienda se ven demorados por la falta de acceso a servicios públicos, lo que hace imposible la relocalización de familias.
Afectados
A raíz de la falta de acceso a los servicios básicos, Gutierrez explica que “se abrió un espacio de negociación que cambió el eje de la causa, que era solo medir la cantidad de casas entregadas, y pasó a buscarse que se garantice el acceso al agua, la energía y la integración urbana”.
La defensa de los vecinos está representada por el patrocinio en sede judicial y administrativa y el abordaje del problema por parte del Equipo de Trabajo Río Matanza Riachuelo. Por eso, se reúnen con los vecinos y otras instituciones, como AYSA, ACUMAR y los municipios, para lograr una solución.
Actualmente, el Equipo asiste a más de 6.500 familias en 38 barrios del conurbano bonaerense, mientras que las familias de la Ciudad de Buenos Aires son representadas por la Defensoría General porteña.
En las próximas semanas, el equipo participará de la relocalización de 84 familias del barrio La Lonja, que se mudarán al Complejo de viviendas La Herradura, en el Campo Unamuno de Lomas de Zamora.
Para avanzar con los barrios que deben ser reurbanizados, o donde el municipio tiene que relocalizar familias, se hacen mesas de trabajo interinstitucionales cada dos meses. Allí, los funcionarios de distintos organismos rinden cuentas y las familias afectadas evacuan sus dudas y participan en los procesos, acompañados por la Defensoría.
Pese a los trabajos que se realizan, los problemas ambientales en la cuenca persisten porque la contaminación es generada por las actividades industriales. “Se necesita que ACUMAR y los municipios fiscalicen de forma más intensa”, afirma Gutiérrez.
Y agrega: “Los residuos de origen domiciliario seguirán siendo un problema hasta que no se resuelva el saneamiento, mediante la colocación de cloacas”.
Asimismo, el Defensor aclara que “la Cloaca Máxima con el Colector Margen Izquierda no va a prestar servicio para la mayor parte de la cuenca y los barrios que están en el Convenio Marco no están incluidos”. Los servicios para esas zonas están previstos para dentro de “cinco años o más”.
El Sistema Riachuelo, como se lo conoce, que está previsto que se inaugure este año, transportará y tratará 2.300.000 m3 de desechos cloacales por día de la Ciudad, San Fernando, San Isidro y La Matanza. Y al mismo tiempo evitará que toneladas de desechos que provienen del sistema pluvial o conexiones clandestinas terminen en el Riachuelo.
Espera eterna
Como los plazos de cumplimiento de la sentencia se extendieron tanto, los vecinos y la Defensoría tuvieron que pensar soluciones mientras esperan a ser relocalizados. Ante esta situación, en Villa Inflamable y Villa Tranquila colocaron un tendido de agua provisorio, pero en otros lugares no se puede porque no llega el caudal.
A su vez, los vecinos de Villa Inflamable nunca pudieron ser relocalizados porque el barrio al que se debían mudar no se terminó de construir. Era al costado de la Isla Maciel, llamado Alianza.
Al oponerse los vecinos a la relocalización y gracias a una demanda, un informe de ACUMAR les dio la razón a los pobladores de la zona y pudieron vivir allí. La resolución judicial que lo habilitó fue de enero de 2021.
“Otro factor que influyó fue que la contaminación con el paso del tiempo fue menor. Entonces se reurbanizó”, sostiene Gutiérrez. La reurbanización resolverá inundaciones. Asimismo, las redes de agua potable provisorias se están convirtiendo en definitivas.
FUENTE: Mara Resio – www.clarin.com
