En la Ciudad viven cerca de 275 mil personas en barrios populares, casi el 10% de la población porteña. Sin embargo, las políticas públicas destinadas a mejorar sus condiciones de vida se achican año a año. El presupuesto proyectado para 2026 muestra una caída real del 23% en comparación con el vigente, uno de los niveles más bajos de la última década.
El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires (MPD CABA), la Defensoría del Pueblo porteña, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentaron un informe ante legisladores y legisladoras de la Ciudad que da cuenta de un grave retroceso en las políticas públicas de integración socio urbana en los barrios populares.
El estudio advierte que las políticas de integración fueron reemplazadas por acciones de emergencia y obras aisladas, sin planificación ni continuidad. En muchos casos, los equipos técnicos fueron disueltos y los proyectos de reurbanización quedaron paralizados, lo que supone un retroceso respecto de los avances logrados en años anteriores.
“La desinversión estatal, la disolución de equipos técnicos especializados y la paralización de obras esenciales implican una dilapidación de la inversión pública acumulada en la última década”, detalla el documento. Además, alerta sobre los riesgos que esta situación genera: mayor precariedad habitacional, inseguridad eléctrica y sanitaria, y exclusión de los espacios de participación vecinal previstos por ley.
El informe también pone en evidencia las brechas de desigualdad urbana. Según los datos relevados quienes viven en villas o asentamientos tienen una esperanza de vida once años menor que quienes habitan en barrios formales. Las mujeres jefas de hogar, los niños y las personas mayores son los grupos más afectados por la falta de políticas sostenidas.
Desde las organizaciones que participaron del estudio reclaman voluntad política y una asignación presupuestaria acorde a las necesidades. “La integración urbana no puede depender de medidas aisladas ni de fondos discrecionales. Es una responsabilidad del Estado garantizar el derecho a un hábitat digno”, sostiene el informe.
El trabajo concluye con una advertencia: si no se adoptan medidas urgentes, la emergencia habitacional en los barrios populares seguirá profundizándose.
FUENTE: www.nueva-ciudad.com.ar
