Desde el CPAU (Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo) se mostraron consternados por la situación. Por un lado destacan que el Consejo es una “institución económicamente sana, con un funcionamiento transparente y democrático, en la cual los y las consejeras se renuevan cada dos años por el voto de una matrícula cada vez más numerosa, cercana a 13.000 profesionales”.
En el Consejo, los profesionales obtienen “asesoramiento, capacitación y cobertura de seguros, todo incluido en la matrícula anual”. Los y las consejeras trabajan ad-honorem.
Desde la entidad se mostraron sorprendidos, además, por nunca haber sido consultados ni informados de la presentación de este proyecto de ley. Entienden que este nuevo Colegio vendría a “burocratizar el ejercicio profesional, crearía una casta dirigente rentada, una nueva matrícula y requeriría fondos del erario público, de los y las arquitectas y de quienes recurran a sus servicios. Es decir, encarecería la construcción en la Ciudad”.
Y fueron concluyentes al asegurar que “no prestarán apoyo de algún tipo al nuevo organismo, ni entregarán documentación y/o registros”. Entienden que “el intento de disolverlo constituye una afrenta”.
La matrícula de los arquitectos de la Ciudad de Buenos Aires está regulada desde hace 80 años por el CPAU. Autónoma e independiente del gobierno local, esta institución ha sido crítica de las sucesivas reformas al Código Urbanístico.
Vale la pena recordar que en estas semanas se lleva a cabo en la Legislatura porteña el debate sobre el “ajuste” al Código Urbanístico que impulsa el Ejecutivo. Se trata de la revisión del Código que se votó en 2018 y que llevó la construcción en altura a los barrios de casas bajas; más torres y edificios, menos metros cuadrados verdes en los pulmones de manzanas, y mixtura de usos comerciales, entre muchos otros cambios ya irreversibles.
Como se trata de cambios normativos, el proyecto de ley tiene dos lecturas y convocatoria a audiencia pública, no vinculante. A fines de septiembre se votaron positivamente los “ajustes” en una primera lectura y durante las audiencias -que se realizaron en los primeros días de noviembre- el CPAU se manifestó con un claro apoyo a los planteos de los vecinos, afectados por la construcción en altura.
Otra preocupación del CPAU es que este proyecto de Lapeña propone la creación de una comisión normalizadora, “que podría renovarse indefinidamente y estaría presidida por un integrante del Gobierno de la Ciudad”, explican.
“Esta embestida parecía haber sido neutralizada cuando en octubre de este año, en las elecciones para las nuevas autoridades del CPAU, ganó por más del 60% la lista Celeste que propuso como eje de campaña la continuidad de la actual institución y un no rotundo a la ley Lapeña. No obstante esto, en esta última semana, volvió a surgir la posibilidad de la sanción de esta ley en una reunión de la Comisión de Legislación que se realizó el lunes. La institución que representa a la matrícula de los arquitectos parece haberse convertido en una pieza valiosa para quienes están negociando las últimas instancias de la aprobación del nuevo Código Urbanístico de la Ciudad”, dijeron a Clarín fuentes vinculadas al Consejo.
¿Qué papel juega la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) en este conflicto? Lo explica el propio legislador Lapeña en su proyecto de ley: “Es intención de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) aportar a ese proceso desde su amplia y acreditada experiencia y poner a disposición del futuro Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CAUCABA) su patrimonio edilicio, fondo bibliográfico y documental, y recursos humanos para que su funcionamiento inicial no resulte oneroso para la Ciudad ni para los matriculados”.
FUENTE: www.clarin.com
