Cansados de vivir en un barrio que día a día se desvaloriza, los vecinos de Constitución se organizaron y presentaron un proyecto de Ley para que desde la Legislatura se obligue al Ejecutivo a tomar cartas en el asunto. Se busca así que se declare la emergencia urbanística, ambiental, social y de seguridad pública de esta zona, una de las más vulnerables, postergadas y peligrosas de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, este colectivo de personas no se quedó solo en la queja, sino que propusieron una serie de ideas para revalorizar el lugar y que se integre con el resto del entramado urbano.
De acuerdo a la norma, se trata del área comprendida en el polígono delimitado por las siguientes avenidas y calles: Independencia, Piedras, Caseros, Gral. Hornos, Dr. Enrique Finochietto, Guanahani, Paracas y Entre Ríos. En este perímetro prolifera la venta de drogas, la prostitución callejera, comercios ilegales que compran los metales que los adictos suelen robar en la zona y casas tomadas. “Los datos que arroja Constitución son realmente alarmantes: sólo para dar un ejemplo, el barrio duplica la tasa de robos con uso de armas de toda la Ciudad, con un 60,40% frente al 27,52% total”, reveló a este diario la legisladora de Unión por la Patria, Claudia Neira, quien colaboró con los vecinos en la redacción del proyecto.
Ante la desidia del gobierno porteño que prefiere dirigir sus recursos hacia otros lugares, acompañando a la especulación inmobilaria en desmedro incluso de la identidad de cada barrio, unos 200 vecinos de Constitución decidieron ser protagonistas de su futuro. Valeria Llobet, investigadora del Conicet y doctora en Psicología, hace décadas que vive allí y contó a Tiempo como surgió la organización: “Empezamos a plantear la problemática desde el año pasado, pero con más fuerza a partir de marzo de este 2023, cuando un hubo una pelea callejera a tiros entre dos criminales, que terminó con un niñito de cuatro años baleado”, explicó.
La investigadora se refiere a un episodio que ocurrió en Avenida Juan de Garay y Lima en el que fue detenido un ciudadano dominicano; mientras que otro de nacionalidad peruana resultó herido con un impacto en el abdomen. El nene estaba en Lima Oeste y Pavón y si bien sobrevivió, tendrá secuelas permanentes. “Todo esto se conjuga con un pico de robos en el barrio”, añadió Llobet, quien describió que desde entonces “distintos grupos de vecinos y vecinas empezaron a sistematizar algunas acciones que se venían llevando adelante: denuncias tanto al 911 como a la Fiscalía Especializada; tenemos 50 lugares en el barrio denunciados; presentaciones en la Agencia Gubernamental de Control por la alta concentración de metaleras que como mínimo son irregulares”.
Los vecinos dialogaron con el presidente comunal, los comuneros e incluso con los distintos comisarios que desfilaron por las dos seccionales de la jurisdicción, pero no cambió nada. O sí, ya que de las dos comisarías que había, cerraron una. “En abril presentamos un petitorio a la Jefatura de Gobierno y nunca fue respondido; le pedimos reuniones al Ministerio de Seguridad, al de Desarrollo Productivo y no nos recibieron”, insistió Llobet, quien recordó también que se solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo desde donde se estaría haciendo un diagnóstico de la situación. “A nivel institucional se tocaron todos los frentes. Recibimos respuestas con buenas intenciones, pero escaso impacto”, concluyó.
De este modo, se pretende un cambio generacional y social de los habitantes. “El barrio tiene la mitad de los hoteles y pensiones de la ciudad y eso contribuye a una vulnerabilidad importante”, argumentó Llobet, quien también se explayó sobre la necesidad de abordar y “atacar” a los depósitos de metales, papeles y otros comercios contaminantes, además de ir en contra de “whisquerías y locales bailables que tienen una vinculación con algunas cuestiones delictivas de otro orden”. Una vez abordado todo lo anterior, la Ley prevé una dimensión turística y de desarrollo cultural y gastronómico muy interesante como la reapertura de Arte Cinema, en Salta y Garay.
La legisladora Neira, quien busca renovar su banca, afirmó que “esta iniciativa se suma a un proceso de construcción de distintas leyes vecinales que venimos llevando adelante con vecinos de diferentes barrios de la Ciudad como Villa Devoto, Palermo, Chacarita, entre otros tantos, para frenar los impactos negativos del Código Urbanístico”.
“En el caso de Constitución -continuó- nos encontramos con la otra cara de la moneda: una zona que sufre un total abandono por parte del gobierno porteño en materia de desarrollo urbano y de políticas públicas en general, y que en definitiva muestra la total falta de planificación que tiene la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, que termina resultando en una Ciudad totalmente desigual”.
“Constitución exige que el Gobierno aborde la problemática que atraviesa el barrio de manera integral, declare la zona como área de desarrollo prioritario y garantice la seguridad, porque la falta de medidas en este sentido trae al barrio toda una serie de dificultades para su desarrollo económico, urbano, ambiental y sociocultural”, cerró la legisladora.
FUENTE: Federico Trofelli – www.tiempoar.com.ar
