La Municipalidad de Rosario rechazó el pedido de un sector del Concejo Municipal para elevar el grado de protección sobre el edificio ubicado en Corrientes 421, donde funcionaba el ex Cine Imperial. La solicitud se dio en medio de rumores de demolición y construcción de una nueva torre de departamentos sobre la superficie del establecimiento declarado de valor patrimonial para la ciudad.
Luego de la aprobación de la megatorre Sancor que tendrá lugar en Puerto Norte, un sector opositor en el Palacio Vasallo advirtió que desde el Ejecutivo municipal intentarán avanzar con otro emprendimiento inmobiliario (de menor tenor) en la zona del microcentro. Lo que cuestionan, además de lo referido a las modificaciones urbanísticas, tiene que ver con el criterio diferencial que adopta el municipio a la hora de conceder permisos a grandes empresas.
“Creo que el municipio tiene una política urbanística que avanza sobre el patrimonio pero además avanza en un sistema discrecional. Le cuesta mucho más al trabajador generar las condiciones para construir una casa o a un desarrollador urbano acceder a los servicios básicos, que a quienes emprenden edificios en altura y en el centro de la ciudad que es el sector de mayor valor inmobiliario”, sostuvo la concejala Norma López, quien acompañó el pedido para aumentar el grado de protección patrimonial del ex Cine Imperial.
Esta solicitud, impulsada por la edila Fernanda Gigliani, ingresó a la Comisión de Planeamiento a mediados del año pasado, con la firma de López, Silvana Teisa, Marina Magnani, Julia Irigoitía y Lisandro Cavatorta. Entre las consideraciones, destacaron el valor histórico que guarda el edificio e hicieron un repaso histórico para ponderar la relevancia social y cultural que tiene para la ciudadanía.
Concretamente el pedido de concejales justicialistas era elevar el grado de protección patrimonial actual (2B) al 1A, denominado de “protección integral”, con el objetivo de preservar y proteger el inmueble ante el eventual avance de un desarrollo inmobiliario. Por otra parte, solicitaron saber si existe un trámite de demolición y/o permiso de edificación sobre el citado inmueble.
Desde la Secretaría de Planeamiento le bajaron el pulgar a ese pedido, y entre los argumentos admitieron que subir el grado de protección “no es factible, ya que no encuadra en el espíritu de preservación alentado por la Ordenanza N’’8245”.
Esa ordenanza es la que asignó el grado de protección actual, que por cierto permite la revalorización de las fachadas por medio de intervenciones mixtas, restauración de elementos ornamentales o compositivos, transformación de carpinterías, ampliación de vanos e incorporación de nuevos elementos.
Como para fijar su posición al respecto y ratificar la negativa, la secretaria de Planeamiento, Agustina González Cid, mencionó que hay sólo dos edificios en la ciudad que cuentan con el grado de protección 1A: el Monumento Nacional a la Bandera y la Catedral. Por otra parte, señaló que hasta ese momento no se tramitaron expedientes de viabilidad patrimonial a los fines de obtener permiso de demolición y/o edificación para el citado inmueble.
Desde el bloque solicitante, consideran que con la ordenanza actual el municipio podría avanzar con importantes intervenciones sobre el antiguo Cine Imperial, aunque no sin antes pasar por el Concejo Municipal. Pero teniendo en cuenta que no hace mucho el Ejecutivo logró las voluntades necesarias para aprobar el proyecto de la megatorre Sancor, el Palacio Vasallo no sería un obstáculo para un desarrollo inmobiliario en Corrientes 421, estiman.
Otro de los paralelismos que mencionan desde el bloque opositor con el procedimiento que se llevó a cabo para impulsar el proyecto de la megatorre de 200 metros de altura es la metodología con la que avanzó la discusión. Si bien hasta el momento no hay pedidos formales para la demolición del ex Cine Imperial, los rumores sobre un posible emprendimiento ya comenzaron a instalarse a través de distintos medios de la ciudad, algo similar a lo que ocurrió con el proyecto de las torres Sancor.
El antecedente de la megatorre
Consultada al respecto por El Ciudadano, la concejala justicialista Norma López consideró: “Un eventual proyecto de modificación en el ex Cine Imperial habría que votarlo porque tiene una serie de excepciones. Hay que ver qué condiciones tendría este proyecto. Tenemos el antecedente de la megatorre, que fue poco discutida, porque fue primero presentada mediáticamente y luego, cuando consiguieron los acuerdos fuera de las discusiones parlamentarias, lo elevaron al Concejo”.
En relación con la postura oficialista ante este tipo de proyectos, López agregó: “La gestión del Frente Progresista Cívico y Social, antes liderada por el socialismo y ahora comandada por Creo y el radicalismo, siempre vivieron de excepciones. Si vamos a dejar que los espacios más importantes de la ciudad los disfruten unos pocos, porque a cambio hay una pequeña compensación, estamos ante una mirada caritativa por parte del municipio. Yo no puedo creer que Rosario tenga una mirada caritativa, con negocio para unos pocos”.
En ese sentido, recordó que uno de los factores que motorizó el consenso de quienes no estaban del todo de acuerdo con la torre que se construirá en Puerto Norte fue la compensación económica que ofrecían los inversores Sancor Seguros, la constructora Obring y el estudio de abogados Casanova, Mattos, Salvatierra y Fesser. El proyecto fijó que el municipio se quedará con seis millones de dólares a cambio de ceder el espacio.
Para la edila justicialista, la política urbanística municipal tiene un criterio “discrecional”. Al respecto, amplió: “Le cuesta mucho más al trabajador generar las condiciones para construir una casa o a un desarrollador urbano acceder a los servicios básicos, que a quienes emprenden edificios en altura y en el centro de la ciudad que es el sector de mayor valor inmobiliario”.
Pero más allá de lo económico y lo que respecta a servicios, el pedido de los concejales opositores hizo hincapié en la protección del patrimonio. No sólo destacaron la relevancia histórica, social y cultural para la ciudadanía, sino que también refirieron a la reivindicación del perfil edilicio de esa zona de la ciudad.
Por último, López concluyó: “El intendente y la gestión municipal ya avanzaron sobre la normativa urbanística incumpliendo muchas legislaciones vigentes. Eso siempre trae una doble consecuencia negativa: por un lado que hay sectores que pueden acceder a mayores oportunidades, dejando a otros con dificultades para ese acceso. Por otro lado, se vulneran normativas que implican la protección de la historia de la ciudad y los entornos urbanísticos. Si seguimos densificando algunas zonas sin mayores servicios, ¿dónde está el beneficio para la ciudadanía?”
FUENTE: Alvaro Arellano – www.elciudadanoweb.com
