El Gobierno anunció hoy la creación del “sello de vivienda sustentable”, una certificación que le otorgará a los hogares una calificación relacionada con variables como su eficiencia energética y que será obligatoria para todas las viviendas que construya el Estado, así como para toda vivienda particular a la que se acceda mediante un crédito o subsidio público. Según funcionarios nacionales, más allá del compromiso ecológico, la nueva certificación podría redundar en beneficios económicos como exenciones impositivas o reducción de tasas hipotecarias.
La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial mediante la Resolución 75/2019 y, según explica el texto, el objetivo es “promover una metodología de evaluación y diagnóstico de viviendas para la calificación y clasificación de construcciones de uso residencial según diferentes variables de sustentabilidad”. Las variables contempladas incluyen ítems como infraestructura, eficiencia energética (dentro de lo que se evalúa, por ejemplo, orientación del hogar, aberturas, acondicionamiento térmico, electrodomésticos y ventilación) y eficiencia en el consumo de agua.
“La Argentina suscribió a acuerdos internacionales en los que se comprometió a reducir los gases de efecto invernadero y tiene que mostrar en los próximos años cómo lo hace. Esto es una forma de plantearlos en una normativa concreta”, dijo a LA NACION el secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr.
Para alcanzar la aprobación del sello las viviendas deberán alcanzar la “línea base”, lo que garantiza el estándar mínimo necesario de sustentabilidad. La calificación se puede elevar a “línea mejorada”, que establece como requisito un mayor porcentaje de ahorro en cada componente evaluado. Por otro lado, toda vivienda que cumpla con los requerimientos mínimos del programa y, además, logre alcanzar un 10% de reducción adicional en el componente de “sitio” (que incluye ítems como equipamiento, conectividad y residuos), un 25% de reducción adicional en el componente de “energía” y un 35% de reducción adicional en “agua” obtendrá el sello “plus”.
Kerr explicó que en el mercado ya existen “costosos” sellos de sustentabilidad otorgados por instituciones privadas -dentro de los cuales los más conocidos son el EDGE y el LEED- que otorgan cierta garantía de sustentabilidad y permite posicionar mejor a los desarrollos inmobiliarios. “La idea es que eso esté al alcance de todos y que todo el mundo pueda sellar lo que construye”, explicó.
Según dijo, tener una vivienda sustentable redunda en una reducción de costos de servicios y abre la posibilidad otra serie de oportunidades de ahorro económico. “Las provincias o municipios podrían empezar a generar exenciones fiscales, impositivas o tasas diferenciales si lo que se construye tiene el sello, tal como lo hacen en países como México, donde la ‘hipoteca verde’ permite otorgar tasas más bajas para viviendas de ese tipo”.
Además, según Kerr, el sello “reduce la eventual morosidad de quien accede a una vivienda social porque, al consumir menos en servicios, tiene mayor capacidad para pagar la cuota”. Según adelantó el funcionario, hay provincias y municipios que están interesados en emular la normativa y emitir ellos mismos el sello. “La ciudad de Buenos Aires está interesada en hacerlo en los desarrollos como los de los barrios Rodrigo Bueno o Villa Fraga, en Chacarita. Nosotros estamos negociando para que, a cambio del sello, le den a las viviendas algún tipo de beneficio contributivo como una tasa menor de ABL”, explicó.
La Dirección Nacional de Acceso al Suelo y Formalizaciones, dentro del Ministerio de Interior, será la encargada de aprobar y otorgar el sello, que será obligatorio desde el 8 de mayo de 2020 para “todo proyecto de vivienda nueva cuya construcción se financie en el marco del Plan Nacional de Vivienda u otros programas y proyectos de viviendas del Estado Nacional” y desde el 8 de noviembre de 2020 para toda “vivienda nueva o existente a la que se acceda a través de un crédito y/o subsidio otorgado en el marco del Plan Nacional de Vivienda u otros programas y proyectos de viviendas del Estado Nacional”.
Además, todo inmueble destinado a vivienda emplazado en el territorio argentino puede aplicar para la obtención del sello, ya sea que esté en una etapa de proyecto, sea una vivienda en construcción o ya existente. Todos los trámites serán realizados mediante la Plataforma Trámites a Distancia (TAD), mientras que la evaluación y certificación será realizada por un “técnico diagnosticador sustentable” (TDS): un profesional de la construcción que será capacitado por el Estado para tal fin.
El antecedente santafesino
El 31 de octubre pasado la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe aprobó una etiqueta que indica cuál es su nivel de eficiencia energética, lo que se presentó como una herramienta de decisión ante cualquier operación inmobiliaria.
La secretaria de Energía provincial, Verónica Geese, dijo entonces a LA NACION que “con las tarifas como están y cómo se presume que irán evolucionando” tomar decisiones basadas en los niveles de eficiencia energética de las viviendas será cada vez más determinante en lo económico, más allá del beneficio para el medio ambiente.
FUENTE: Delfina Torres Cabreros – www.lanacion.com.ar
