El estacionamiento es uno de los problemas que padece la Ciudad. Y si además se trata de personas con movilidad reducida, el conflicto crece. Ahora, un fallo judicial le ordena al Gobierno porteño presentar, en 60 días, un plan que contemple espacios para que las personas con discapacidad estacionen los vehículos que cuenten con el símbolo internacional en el área peatonalizada del microcentro.
La medida de la titular del juzgado 20 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Cecilia Mólica Lourido, responde a una demanda de la “Asociación Inquietudes Ciudadanas”, y afecta a la zona delimitada por las avenidas Santa Fe y Leandro Alem, y las calles Rivadavia y Carlos Pellegrini.
La transformación del centro de la Ciudad busca revalorizar toda el área y crear más espacios de calidad para los peatones. Para eso, se restringió el acceso de vehículos particulares y en gran parte de las calles se eliminó la circulación de colectivos, que ahora transitan los metrobuses de 9 de Julio y Alem, o por las avenidas perpendiculares.
Además, se sumó la restricción de ingreso de autos particulares entre las 11 y las 16 en 259 cuadras, entre las que está el área abarcada con el fallo. El proyecto oficial busca extender ese horario entre las 9 y las 18.
Para ingresar hay que tramitar un permiso que cuesta $ 1.560 y está destinado a quienes posean una cochera fija en la zona. Las personas con discapacidad que poseen el Símbolo Internacional de Acceso se encuentran exentas del pago del permiso, pero deben realizar el trámite para poder circular dentro del área restringida.
Sin embargo, el fallo judicial hace notar que el área carece de espacios para que ese tipo de vehículos estacione. En una primera respuesta, según consta en el escrito, la Dirección General de Regeneración Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público indicó que el proceso de peatonalización en la zona del microcentro contempla “la construcción y habilitación de dársenas aptas para el acceso y uso exclusivo y excluyente” de vehículos que trasladen personas con movilidad reducida.
Sin embargo, la jueza destaca que las dársenas existentes cumplen con la función de “facilitar la carga y descarga de mercaderías, así como el ascenso y descenso de pasajeros; pero no tienen como objetivo servir a las personas con movilidad reducida que se desplacen en automóvil”.
Por eso, solicitó que en todas las calles en las que se rediseñaron las calzadas con angostamiento para el paso de automóviles autorizados e instalado conos de cemento, conocidos como bolardos, se prevea la construcción de dársenas para el estacionamiento de personas con discapacidad.
“Las personas con discapacidad y/o movilidad reducida representan el diez por ciento de la población mundial y para su integración y equiparación de oportunidades los Estados deben brindarles la posibilidad cierta y concreta de permanencia y tránsito en las distintas arterias, calles y vías rápidas de la Ciudad, sin los obstáculos que –según su relato- deben sortear a diario”, argumentó la jueza en el fallo.
Fuentes del Gobierno porteño le dijeron a Clarín que se comenzará con la elaboración de un plan para sumar espacios de estacionamiento.
El fallo de la Justicia se conoce cuando aún persiste la polémica por los certificados truchos. Durante enero, personal de la Fiscalía General porteña y de la Ciudad realizó controles en la vía pública. Detuvieron a cinco personas por tener en el auto las obleas apócrifas. Y en una causa por la falsificación de los documentos ya hay 13 imputados que irán a juicio.
Además, la secretaría de Tránsito y Transporte removió, desde agosto hasta ahora, 400 señales que reservaban espacios para discapacitadas que estaban vencidas o no coincidían con los permisos originales.
FUENTE: www.clarin.com
