“El 85% de las causas de ética que llegan al Consejo están originadas en conflictos entre los arquitectos y sus clientes en obras chicas y remodelaciones”, afirma la arquitecta Valeria Del Puerto, presidenta del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la entidad que regula y controla a todos los arquitectos matriculados que trabajan en la Ciudad.
“Esto nos lleva a pensar que no están claros los roles que debe cumplir cada uno”, explica a ARQ, en el contexto del Día del Arquitecto que se celebra el 1 de julio en Argentina. Esta situación suele desencadenarse, por ejemplo, cuando el arquitecto desde la necesidad de conseguir el trabajo promete más de lo que puede dar. O bien que el cliente exige más servicios de los que está dispuesto a pagar.
Hay una necesidad de tender puentes entre las instituciones que forman a los profesionales, las que los controlan y la sociedad. “Queremos articular junto con la universidad los enfoques y criterios respecto a la práctica profesional. Trabajar juntos los contenidos de materias como Dirección y Legislación de Obra, para definir claramente los roles”, explica Del Puerto.
A su vez, el CPAU llevó adelante el año pasado la campaña “Consulte un arquitecto”, con afiches en la calle y carteles en los ascensores de edificios públicos que daban a conocer los servicios que puede brindar este profesional.
La idea a transmitir es que contratar a un arquitecto no es un lujo para pocos. “Tienen toda la capacidad para optimizar los espacios, encontrar las soluciones más eficientes y con el mejor resultado económico”, destaca Del Puerto.
En Buenos Aires, solo el 20% de los arquitectos se dedican a proyectar o dirigir obras. La gran mayoría se aboca a otras actividades vinculadas a la construcción o prestan servicios para los arquitectos proyectistas (por ejemplo, realizan renders, desarrollan los planos de documentación de obras, son consultores). Otro grupo numeroso se dedica a las gestiones y habilitaciones comerciales.
Con lo cual, el grueso de los profesionales está disponible para ofrecer servicios diversos ampliando la base de potenciales clientes. Siempre que ellos tengan en claro para qué contratar a un arquitecto, y beneficiarse a partir de ese servicio.
“Los arquitectos pueden asesorar para tomar una decisión inmobiliaria, hacer rendir más un presupuesto. Están disponibles para actuar en cualquier escala, en todo el abanico que se abre entre la decoración de una habitación y la planificación de una ciudad”, enumera.
Del Puerto es la segunda mujer en ocupar la presidencia de la institución desde 1944. Y le toca asumir ese rol en un contexto complicado para el ejercicio profesional: la reforma de los códigos Urbanístico y de Edificación de la Ciudad.
“Estamos ante un cambio de paradigma que genera una parálisis de la actividad y mucha incertidumbre para los arquitectos y para la gente en general. No es posible definir lo que se puede construir en cada parcela y, por lo tanto, el valor de las propiedades”, detalla.
Desde la entrada en vigencia de los nuevos Códigos, en enero de este año, la transición en el cambio de las reglas que establecen qué, cómo y dónde se puede construir en la Ciudad está demorando más de lo previsto. “Actualmente, la presentación y aprobación de los permisos para construir obras están paralizadas. Todos estamos preocupados porque falta poco para que se terminen las obras que están en marcha con permisos aprobados antes del cambio de Códigos. Los arquitectos se van a quedar sin trabajo”, comparte. Algunos profesionales buscan trabajar en la provincia de Buenos Aires por este motivo.
Otro tema caliente en la gestión de Del Puerto al frente del CPAU es la venta de tierras públicas por parte del Estado. Junto con la Sociedad Central de Arquitectos, el Consejo Profesional de Ingeniería Civil y el Centro Argentino de Ingenieros, el CPAU presentará al Presidente de la Nación una carta manifestando su preocupación al respecto. “Creemos que la venta de tierras no obedece a una estrategia de planificación de la Ciudad. Es un recurso finito y su pérdida aleja la posibilidad de contar con ese material imprescindible para planificar políticas públicas”, argumenta Del Puerto. Y agrega con preocupación: “Hasta ahora, el uso que se le ha dado a las tierras vendidas es la construcción de vivienda de alto estándar”.
FUENTE: Paula Baldo – www.clarin.com
